Por Iñaki Blanco
Siguiendo a Max Weber, el Estado moderno se define por detentar el monopolio legítimo de la violencia y la administración de justicia dentro de un territorio; en Guerrero, esa premisa está rota. La persistente crisis de seguridad y gobernabilidad revela la consolidación de una gobernanza criminal: arreglos locales donde actores ilegales imponen reglas, recaudan rentas, median conflictos y capturan instituciones.
El caso de «Los Ardillos» —con base en la región centro y la montaña baja— ilustra una mutación organizativa: del narcotráfico tradicional hacia un régimen político-económico con control microterritorial, regulación social y capacidad de cooptación estatal que sustituye de facto a la autoridad pública. Este desplazamiento no se explica sólo por el poder de fuego, sino por la convergencia de tres vectores. Primero, la diversificación económica tras el declive de la goma de opio, que empujó a estas estructuras a expandirse hacia mercados ilícitos y rentas locales, desde la extorsión y el cobro sistemático a comerciantes y transportistas hasta la captura de servicios y obras públicas. Segundo, el dominio logístico de rutas de precursores que articulan la costa del Pacífico con el centro del país, ventaja que asegura abastecimiento, movilidad y financiamiento. Tercero, la mimetización con la estructura formal del Estado y la captura institucional, que convierten a la organización en árbitro fáctico de la vida pública municipal y quiebran el principio weberiano del monopolio estatal de la coerción.
La erosión de la soberanía se expresa en prácticas concretas: imposición de reglas de “orden” local, control del transporte, cobro de “impuestos” privados, uso de tecnologías como drones para amenazas o ataques selectivos y sujeción del espacio público a una lógica de miedo, vigilancia y castigo. No es un vacío de poder, sino su reasignación: allí donde el Estado se replegó o fue cooptado, emergió una gobernanza criminal que administra riesgos, distribuye costos y establece jerarquías bajo criterios extralegales.
La dimensión institucional del fenómeno es la más corrosiva. La relación orgánica entre operadores criminales y autoridades municipales, mandos policiales o cuadros administrativos no sólo produce tolerancia, sino integración de redes público-privadas delincuenciales que colonizan presupuestos, licitaciones y nóminas. La violencia contra funcionarios que intentan resistir esa fusión —desde alcaldes hasta delegados de procuración de justicia— cumple una función disciplinaria: quien no se subordina estorba. En paralelo, actores sociales no estatales, como representantes eclesiásticos, son empujados a mediar treguas y “pactos” entre facciones rivales, normalizando arreglos paraestatales de gobernabilidad que sustituyen la interlocución democrática por lógicas transaccionales de paz negativa. El resultado es una soberanía fragmentada y condicional: la legalidad opera de manera porosa e intermitente; la representación política deviene transacción, y la seguridad pública se privatiza de facto en manos de intermediarios armados.
La respuesta centrada en despliegues militares reactivos ha mostrado límites estructurales: operativos sin inteligencia financiera, rotaciones de mando sin saneamiento, patrullajes sin control territorial sostenido y métricas de éxito atadas a decomisos efímeros producen más desplazamiento que reducción de la violencia e incentivan la recomposición delictiva. Corregir el rumbo exige abandonar la simulación operativa y adoptar una estrategia de desmantelamiento frontal, agresiva y multidimensional que articule asfixia económico-fiscal, sanción política e institucional y superioridad tecnológica con control territorial persistente.
El combate a la delincuencia exige la capacidad del Estado para aplicar inteligencia, fuerza proporcional y rigor institucional sin tolerar pactos con el crimen; sin embargo, solo una estrategia integral que combine acción coercitiva orientada por inteligencia, medidas financieras, saneamiento institucional profundo y políticas de reconstrucción social con identidad cultural, podrá aspirar a desarticular estructuras arraigadas como «Los Ardillos» y restaurar la legitimidad estatal en Guerrero.
En materia financiera, el objetivo es cortar flujos, testaferros y contratos públicos capturados mediante intervención temporal de tesorerías municipales cooptadas, congelamiento de cuentas de proveedores y contratistas vinculados, auditorías forenses de obras y adquisiciones con trazabilidad patrimonial y bloqueo de cadenas logísticas que sostienen la diversificación criminal. Sin quiebre de liquidez, la coerción se rearma; con él, se erosiona su capacidad de cooptación.
En el plano político-institucional, la persecución penal debe operar en clave de redes, no de individuos aislados: procesos concurrentes por corrupción y traición a la función pública contra alcaldes, legisladores y mandos coludidos, acompañados de la disolución e intervención temporal de cabildos capturados y del saneamiento acelerado de plantillas con evaluaciones de integridad, vetos para puestos críticos y controles de confianza con supervisión externa. En el frente operativo, la neutralización de capacidades requiere inhibición de comunicaciones ilícitas, contramedidas contra drones, inteligencia de señales, mapeo y desarticulación del halconeo, así como ocupación territorial con despliegues interinstitucionales que integren fuerzas federales, fiscalías, autoridades hacendarias y órganos de control, bajo mandos unificados, métricas verificables y permanencia suficiente para impedir la reconstitución de enclaves criminales.
En este rediseño estratégico, la misión del gobierno federal debe orientarse a producir diagnósticos, visiones, indicadores estratégicos y rutas críticas cada vez más precisas sobre incidencia delictiva y combate a la delincuencia en cada una de las 32 entidades, con calendarios y responsables claros. Ese esfuerzo sólo rendirá frutos si se acompaña de compromisos verificables de gobiernos estatales y municipales, donde con demasiada frecuencia los apoyos se dispersan, se dilapidan o se asignan de manera inadecuada. Es imperativo desarrollar indicadores finos de zonas de conflicto, conocer con rigor el modus operandi y las estructuras de las organizaciones para identificar y detener objetivos específicos y prioritarios, orientando la desarticulación progresiva de las redes y el exterminio de sus fuentes de financiamiento.
Recuperar el monopolio legítimo de la coerción —la piedra de toque weberiana de la autoridad estatal— no es un acto simbólico ni un parte militar; es un proceso institucional de largo aliento que quiebra las finanzas del crimen, sanciona sus alianzas políticas y disputa, con tecnología y persistencia, el control del territorio hasta que la autoridad pública vuelva a ser una experiencia tangible para la ciudadanía.