Por Jorge Nava
●El Índice de Paz México 2026 expone que la violencia familiar ya supera al robo, mientras la estrategia focalizada del gobierno satura las prisiones al 115% y mantiene una severa brecha de impunidad que alimenta el miedo en la ciudadanía.
Acapulco, Gro., 20 de mayo de 2026.- A pesar de que México registró en 2025 la mayor mejora en sus niveles de paz en la historia del índice sectorial —con un avance del 5.1%— y una reducción notable en la tasa de homicidios que cayó a 22.7, dejando cerca de 7 mil personas menos muertas en un año, el país se encuentra lejos de una pacificación profunda. Los ciudadanos siguen atrapados en un miedo generalizado, mientras las instituciones mantienen una deuda histórica de verdad con las víctimas y las familias de las personas desaparecidas.
Así lo revelaron especialistas durante la presentación de los resultados del Índice de Paz México 2026, coordinado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En el foro, moderado por los organizadores y transmitido también vía remota , se evidenció que la estrategia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha logrado contener los homicidios mediante golpes focalizados utilizando inteligencia y persiguiendo a objetivos específicos denominados «generadores de violencia». Sin embargo, este enfoque punitivo ha saturado el sistema penitenciario y judicial, revelando las severas carencias estructurales que el Estado debe corregir con urgencia.
La paradoja de los datos frente al miedo duradero
Michael Collins, director para las Américas del IEP, abrió el foro señalando un cambio drástico en las dinámicas delictivas del país: la violencia familiar es ahora más frecuente que el robo en los hogares mexicanos. Aunque a finales de año se registraron pequeñas mejoras, estas no alcanzaron a revertir el deterioro acumulado en el calendario completo entre 2024 y 2025.
A nivel local, el índice —fundamentado metodológicamente en el Índice de Paz Global y con registros longitudinales desde 2015 — detalla realidades polarizadas. Por noveno año consecutivo, Yucatán se posiciona como el estado más pacífico de México , registrando un nivel de homicidios diez veces menor que la media nacional, siendo Mérida la ciudad con menores percepciones de inseguridad. A Yucatán le siguen Chiapas y Tlaxcala en los primeros puestos; no obstante, en estos dos últimos estados ha aumentado significativamente el miedo a la violencia.
En el extremo opuesto, Colima repite como el estado menos pacífico por cuarto año consecutivo, seguido de Sinaloa, que sufrió el mayor deterioro este año. Le siguen en pérdidas de niveles de paz Baja California y la Ciudad de México. La doctora Lucía Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, puntualizó que la violencia homicida está muy concentrada. Por ejemplo, en Colima, siete de sus diez municipios superan las 50 muertes por cada 100 mil habitantes, destacando Manzanillo con una tasa crítica de 150 homicidios. En Sinaloa, la ciudad de Culiacán sostiene una tasa alarmante de 107 muertes por cada 100 mil habitantes.
En contraste, el estado que reportó la mayor mejoría histórica este año fue Zacatecas, con un avance del 21.5% en sus niveles de paz, logrando pasar de mil 600 asesinatos en 2022 a sólo 150 a la fecha. Asimismo, Tamaulipas subió hasta el puesto número 10 del ranking gracias a una trayectoria de recuperación constante visible en todos sus indicadores desde 2015. Por otro lado, estados fronterizos como Sonora ocupan el puesto 23; a pesar de registrar una pequeña mejora, sigue siendo un corredor afectado y «targeteado» por bandas criminales. Otras entidades como Nayarit permanecen relativamente estables, pero bajo el riesgo latente del efecto «derrame» de la violencia hacia estados colindantes, como ha ocurrido en Aguascalientes.
El impacto económico: El costo personal de la violencia
El análisis técnico del IEP cuantificó el impacto económico de la violencia en el país en 4 billones de pesos durante el 2025. Collins explicó que, al realizar la comparación en términos del Producto Interno Bruto (PIB), las entidades menos pacíficas resultan ser las más afectadas económicamente, destacando Guerrero y Morelos, donde el costo de la violencia devora más del 30% de su PIB, en contraste con estados como Campeche, donde representa apenas el 4%.
A nivel individual, la doctora Carmina Jasso precisó que esto se traduce en un impacto personal de aproximadamente 30 mil pesos por ciudadano, lo que equivale a cerca del doble del salario mensual de una persona común en México.
Además, se expuso una preocupante inversión inversa respecto al promedio internacional: en el mundo, el 70% de los costos asociados a la violencia se destinan a la contención (seguridad pública y justicia) y el 30% a los daños de la violencia en sí.
En México la relación es totalmente contraria: los homicidios y delitos con violencia absorben cerca del 70% del costo total, mientras que sólo el 11% se destina a la protección de las empresas y el 18.2% al gasto gubernamental federal en seguridad y justicia, sin incluir inversiones estatales. Esta falta de presupuesto enfocado desvía recursos de actividades productivas hacia medidas de protección privada, creando lo que la literatura denomina «ciudades asustadas».
Evolución de las estrategias y el embudo judicial: Dos jueces para 100 mil habitantes
La doctora Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, realizó un repaso histórico de las políticas de seguridad para entender el escenario actual. Señaló que la crisis inició con Felipe Calderón, quien sacó al Ejército a las calles bajo la premisa de que el uso de la fuerza replegaría a los criminales, postergando la reforma de justicia y elevando la tasa de homicidios de 10 a 23 por cada 100 mil habitantes en un contexto que calificó como «guerra civil». Con Enrique Peña Nieto la narrativa cambió para eludir el tema, pero se mantuvieron los mismos resultados y la delincuencia repuntó. Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador detuvo el exceso del uso de la fuerza y apostó por el repliegue; sin embargo, esto provocó una mayor penetración del crimen organizado en delitos de extorsión y reclutamiento de jóvenes.
Actualmente, el gobierno de Sheinbaum y Harfuch ha optado por detenciones estratégicas e intervenciones focalizadas a través de labores de inteligencia y la activación de las fiscalías, evitando los enfrentamientos abiertos masivos que en el pasado llenaron al país de fosas y desaparecidos.
Esta estrategia explica el incremento del 8.9% en la población carcelaria en un solo año (21 mil personas más), cerrando diciembre de 2025 con la cifra histórica de más de 256 mil personas privadas de su libertad. No obstante, este flujo choca con una debilidad estructural inalterada durante los últimos cuatro gobiernos: México cuenta con sólo dos jueces o magistrados por cada 100 mil habitantes, frente a la media global de 14. Como resultado directo de este embudo de impunidad, las prisiones operan a un 115% de su capacidad y el 40% de los reclusos se encuentra en la cárcel sin haber recibido una sentencia, generando un preocupante acumulado de casos por procesar.
El drama social: Desapariciones, extorsión y la deuda de verdad
La falta de capacidad del sistema de justicia tiene su rostro más doloroso en las víctimas. Magaloni recordó que la misión esencial de la justicia no es sólo encarcelar, sino estabilizar la verdad de forma creíble de cara a la sociedad, y poner límites constitucionales a los abusos, detenciones arbitrarias o fabricación de pruebas de las propias corporaciones policiales y militares. «Mientras tengamos cientos de familias buscando a seres queridos sin ninguna capacidad de darles un servicio de justicia, va a ser muy difícil que el país se pacifique a profundidad», subrayó.
Por su parte, la doctora Carmina Jasso vinculó el estancamiento del miedo social con el uso de la desaparición y la extorsión por parte de los cárteles como herramientas de control territorial que perpetúan la incertidumbre. Desmintió que la percepción de inseguridad responda únicamente a la desinformación o a campañas mediáticas, explicando que se trata de un fenómeno complejo arraigado en la memoria histórica de la violencia extrema y en delitos del tejido social que no bajan. De hecho, el informe revela que en el país ocurren de manera constante 13 mil homicidios anuales que están completamente desligados de las dinámicas del crimen organizado y que corresponden estrictamente al deterioro social cotidiano.
La doctora Carmina Jasso y Michael Collins
Este temor persistente ha provocado un «urbanismo defensivo» generalizado (gasto en rejas, candados y cámaras de vigilancia). Según indicadores de la ENBIPE expuestos por Jasso, el 75.6% de la población evalúa su estado como inseguro al 2025; el 62% de los padres dejó de permitir que sus hijos salieran a la calle; el 30.5% dejó de visitar parientes o amigos fracturando la cohesión social; e incluso un alarmante 6.1% de los jóvenes abandonó por completo la escuela por temor a ser víctima de un delito.
Violencia de género: Alerta en el espacio íntimo
La conferencia arrojó luz sobre un preocupante incremento en los delitos del fuero común y de género. A nivel nacional, los delitos de delincuencia organizada se han duplicado desde 2015, impulsados por las extorsiones y un narcomenudeo que se ha triplicado en la última década. Sin embargo, la violencia familiar se elevó un 107% y la violencia sexual un alarmante 176%.
Los especialistas apuntaron que, si bien el incremento puede estar ligado a una mayor cultura de la denuncia tras la pandemia , la visibilidad actual es apenas mínima, considerando que casi 9 de cada 10 casos de violencia sexual no se reportan debido a que ocurren en espacios íntimos o por la desconfianza institucional de las víctimas.
Esta problemática golpea de forma asimétrica a la sociedad: de cada ocho casos de violencia sexual, ocho son dirigidos a mujeres y uno a hombres. Jasso advirtió que estas agresiones son frecuentemente la antesala del feminicidio. El panorama se agrava por la violencia institucional y la falta de criterios homogéneos en las fiscalías locales: de los casos reportados en el informe, sólo el 25.8% de los homicidios de mujeres fueron tipificados correctamente como feminicidios a nivel nacional. Mientras que Sinaloa lidera la clasificación correcta de este delito con un 73.1%, entidades como Guanajuato registran un rezago crítico, clasificando apenas el 6.4% de estos casos bajo dicha tipicidad. La mayoría de estos crímenes, a diferencia de los homicidios generales, ocurren con armas blancas o elementos distintos a las armas de fuego, confirmando una violencia focalizada por razones de género.
Al responder a cuestionamientos de la prensa técnica —incluyendo una pregunta directa enviada por el medio digital Revista Costa Brava sobre cómo defender los análisis de la sociedad civil cuando son descalificados políticamente como agendas extranjeras —, Michael Collins recordó que el Índice de Paz México es irrefutable porque se construye utilizando exclusivamente los datos oficiales publicados por el propio gobierno mexicano. La conclusión de los ponentes fue unánime: para consolidar los avances estadísticos actuales y mitigar el miedo ciudadano, el Estado mexicano debe transitar urgentemente de una estrategia basada únicamente en capturas hacia una inversión masiva e integral en el sistema judicial que ga
