Acapulco, Gro., 21 de mayo de 2026.- Lino Ponce González, policía comunitario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), reprochó que su hermano, Santos Ponce González, y otros cuatro hombres estén a punto de ser condenados a prisión por defender su patrimonio y a sus familias ante los ataques de grupos criminales en la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero.
En entrevista vía telefónica, Ponce González explicó que Santos Ponce González, Luis Ángel Durán García, Javier Bruno Castro, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas fueron detenidos el 6 de mayo del 2024 por agentes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuando resguardaban sus viviendas ante la presencia del grupo criminal “Los Ardillos”.
“En la comunidad de El Terrero, ante la impotencia de las autoridades responsables de brindar seguridad por el embate de la banda criminal Los Ardillos, que estaba saqueando las casas, uno de mis familiares y cuatro amigos decidieron cuidar su casa, su patrimonio y sus familias”, expuso.
Indicó que, en lugar de detener a los presuntos delincuentes, las fuerzas federales arrestaron a los pobladores.
El dirigente de la UPOEG señaló que los detenidos permanecen recluidos desde hace más de dos años en Chilpancingo y que el proceso judicial es llevado en los juzgados federales ubicados en la zona Diamante de Acapulco.
Agregó que el delito que les imputan es portación de armas de fuego, aunque defendió que actuaron para protegerse del crimen organizado.
“También como campesino, como dueño y morador de la casa, tiene uno que defenderse ante el crimen organizado con lo que tenga. Los delincuentes no traen flores, ellos traen bala, traen plomo, entonces hay que cuidar a nuestra familia y nuestro patrimonio”, sostuvo.
Ponce González afirmó que este jueves podría dictarse sentencia contra los acusados y denunció que las penas previstas son hasta 8 años de prisión
Asimismo, pidió al juez, Isaac Omar Labastida Terán, reconsiderar el caso y ordenar su liberación o reducir las condenas.
“Ellos no son delincuentes ni pertenecen a ninguna banda criminal, son gente de trabajo, gente de campo, campesinos allá en el pueblo de El Terrero… No es posible que los dueños de la propiedad estén presos y los delincuentes anden libremente”, concluyó.
Cabe destacar que desde octubre de 2023 más de 200 personas han sido desplazadas de la región ante el acecho de grupos criminales vinculados con “Los Ardillos”.
