Misael Habana de los Santos
El periodista Fabricio Mejía Madrid, en el diario La Jornada, publicó un artículo sobre el delincuente que purgará condena en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de delitos vinculados al narcotráfico: el exdirector de la AFI durante el gobierno de Vicente Fox y exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, el “súper policía” condecorado por la DEA, Genaro García Luna.
Mejía Madrid también habla de los nexos del condenado con diversas personalidades vinculadas a actividades policiacas, entre ellos Luis Montenegro Rinco, policía secreto en la lucha contra Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, quien sostenía que todos los países que enfrentan al narcotráfico “deben colombianizarse”.
Además, García Luna tenía cercanía con Larry N. Holifield, exdirector regional de la DEA para México y Centroamérica. Bajo las órdenes de Holifield, estuvo en Guerrero José Carreto Ortega, agente de la AFI en el estado.
El periodista señala: “Es claro que los negocios de lavado de dinero tenían el aval de toda una red de exagentes secretos de Estados Unidos y de México”.
Al rastrear información sobre José Carreto Ortega, encontré que fue un funcionario que trabajó en la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Guerrero durante el tiempo en que Genaro García Luna estuvo al frente de la agencia y más tarde de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Ese periodo abarcó los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, ambos llegaron al poder por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La AFI, bajo García Luna, adquirió notoriedad por su lucha contra el crimen organizado, pero también fue señalada en diversas controversias, incluyendo casos de corrupción y abuso de poder.
Carreto Ortega, en particular, ha sido mencionado en algunos informes y testimonios que lo vinculan con la situación de seguridad en Guerrero durante esos años, una etapa marcada por la violencia relacionada con el narcotráfico.
Es importante señalar que la gestión de la AFI y su relación con García Luna han sido objeto de investigaciones, especialmente tras las acusaciones y el juicio de García Luna en Estados Unidos, donde fue vinculado con el Cártel de Sinaloa. En este contexto, las actividades de muchos de los funcionarios que trabajaron bajo su mando han sido revisadas con mayor detalle.
Por su participación en la llamada “guerra” contra el narcotráfico, funcionarios de la AFI, incluidos colaboradores cercanos de García Luna, fueron acusados de recibir sobornos para brindar protección a líderes del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Arturo Beltrán Leyva.
Aunque Carreto Ortega no ha sido mencionado directamente en testimonios sobre sobornos, se sabe que los mandos regionales de la AFI en estados clave como Guerrero jugaron un papel relevante durante esos años de corrupción institucional. En ese contexto, su participación en la AFI ha generado suspicacias, dado que la organización fue señalada por ser utilizada como brazo armado del Cártel de Sinaloa.
No se ha encontrado evidencia pública específica que vincule directamente a José Carreto Ortega, exfuncionario de la AFI en Guerrero, con autoridades locales. Sin embargo, su cargo en la Agencia Federal de Investigación durante el tiempo en que operaba Genaro García Luna sugiere que pudo haber estado implicado en el contexto de corrupción y vínculos con el crimen organizado que predominaban en Guerrero.
Guerrero ha sido particularmente conflictivo, con varios informes que detallan complicidades entre autoridades municipales y estatales con grupos criminales. Un informe de la Sedena, por ejemplo, señaló que al menos 20 alcaldes guerrerenses estaban vinculados al narcotráfico en 2014, implicados en brindar apoyo o protección a organizaciones delictivas como Guerreros Unidos, La Familia y los Beltrán Leyva.
No hay información pública disponible que confirme que José Carreto Ortega fuera socio directo de Genaro García Luna o parte de una red de funcionarios y agentes estadounidenses dedicados al lavado de dinero. Sin embargo, las acusaciones contra García Luna por corrupción, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero han generado investigaciones sobre funcionarios que trabajaron bajo su mando, como Carreto Ortega.
En el juicio de García Luna en Estados Unidos, se presentaron testimonios y pruebas que señalaban su participación en una red de sobornos y corrupción para proteger al Cártel de Sinaloa. También se le vinculó con operaciones de lavado de dinero a través de empresas fantasma y contratos inflados en México y Estados Unidos, aunque la participación de José Carreto Ortega en estas actividades no ha sido probada o mencionada en los casos públicos hasta la fecha.
El estado de Guerrero ha sido históricamente una de las regiones más conflictivas y violentas de México, con una combinación de factores que han permitido el surgimiento de un ambiente propicio para la corrupción. Algunos de los elementos que contribuyen a este contexto de corrupción en Guerrero incluyen:
- Narcotráfico y crimen organizado
Guerrero ha sido un epicentro del narcotráfico, especialmente en la producción de amapola y heroína. Cárteles como los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Rojos han disputado el control territorial, lo que ha resultado en violencia extrema y una constante lucha por el poder. Las autoridades locales han sido frecuentemente acusadas de colaborar con estos grupos, ya sea mediante sobornos o proporcionando protección.
El caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, es emblemático. Fue acusado de tener vínculos con Guerreros Unidos y de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este caso reveló cómo las redes del crimen organizado penetraron en las estructuras municipales y cómo las fuerzas de seguridad locales estaban al servicio de estos grupos.
- Infiltración en las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad en Guerrero, incluyendo la policía municipal, estatal e incluso, en algunos casos, las federales, han estado implicadas en numerosos escándalos de corrupción y colusión con el crimen organizado. En el caso de Ayotzinapa, quedó evidenciada la complicidad de la policía municipal con Guerreros Unidos en la desaparición de los estudiantes.
A lo largo de los años, ha habido denuncias sobre el uso de las corporaciones policiales para proteger los intereses de los cárteles, así como para intimidar o eliminar a opositores. La AFI, en tiempos de Genaro García Luna, y otras fuerzas federales, han sido señaladas por participar en operaciones que favorecían a ciertos cárteles.
- Corrupción política
En Guerrero, ha existido una relación estrecha entre el poder político y los grupos criminales. Diversos alcaldes y funcionarios locales han sido acusados de aceptar sobornos y brindar protección a los cárteles. La falta de rendición de cuentas y el control político que ejercen ciertos grupos sobre las instituciones estatales han facilitado esta corrupción.
El informe de la Sedena de 2014 mencionaba que al menos 20 alcaldes del estado tenían vínculos con el narcotráfico, lo que refleja la profundidad del problema. Los cárteles no solo financiaban campañas políticas, sino que también influían en la toma de decisiones de los gobiernos municipales y estatales.
- Gobernabilidad débil y pobreza
Guerrero es uno de los estados más pobres de México, lo que ha generado una gobernabilidad débil y un tejido social vulnerable. La falta de oportunidades económicas ha llevado a que muchas comunidades dependan del narcotráfico como fuente de ingresos, lo que alimenta el ciclo de corrupción y violencia.
La pobreza, combinada con la falta de desarrollo institucional, ha permitido que el crimen organizado penetre en todos los niveles de la sociedad, desde las comunidades más rurales hasta los círculos de poder. Esto también genera una relación de dependencia entre los grupos criminales y ciertos sectores de la población.
- Previo a los sucesos de Iguala.
El informe de la Sedena tiene que ver con el periodo que gobernó Ángel Aguirre Rivero(AAR), quien ejerció el cargo en dos ocasiones. Su último mandato (2011-2014) estuvo marcado por graves problemas de seguridad. Aunque no ha sido acusado directamente de corrupción vinculada al narcotráfico, su gestión ha sido señalada por su incapacidad para frenar la violencia y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales.
La desaparición de los 43 normalistas en Iguala y la posterior renuncia de Aguirre en 2014 es un caso que muestra las profundas conexiones entre la corrupción política y el narcotráfico.
Aguirre ha sido criticado por su cercanía con ciertos grupos de poder y por su incapacidad para implementar un gobierno eficaz que pudiera enfrentar los desafíos de seguridad del estado. Esto ha alimentado la percepción de que Guerrero, bajo su mandato, no fue capaz de frenar la corrupción ni las relaciones entre el poder político y el crimen organizado.
- Control territorial y paramilitarismo
En Guerrero, también han surgido grupos paramilitares y de autodefensas(apoyados decididamente por AAR) que, aunque en algunos casos surgieron como respuesta a la ineficiencia del Estado, han sido infiltrados por el narcotráfico. Estos grupos, que en teoría deberían proteger a las comunidades de la violencia, han sido utilizados como brazos armados de los cárteles o como herramientas de control político.
Estos factores, concluye el informe, han convertido a Guerrero en un estado profundamente afectado por la corrupción, donde el crimen organizado ha infiltrado a la clase política y a amplios sectores de la sociedad.