Por: Misael Habana de los Santos
Los conservadores no bajan la guardia, especialmente los opositores a la reforma judicial. Hoy, quienes se oponen a esta reforma son el mismo grupo conservador que respaldó a Xóchitl Gálvez en las elecciones pasadas. Estos derrotados han quedado completamente desfigurados por el proceso electoral, aplastados por la maquinaria que les pasó por encima, como una especie de Caterpillar.
Actualmente, cuentan con algo similar a un partido político que funge como vocero de la oposición. Una vanguardia política sin base social, que se aferra con uñas y dientes a los intríngulis de la ley para defender sus privilegios.
Ya no se trata de Xóchitl ni de Claudio X. González. Ahora, la cara visible es Norma Piña y sus siete magistrados, quienes han impulsado un movimiento de trabajadores que no tiene futuro en cuanto a sus demandas.
En primer lugar, porque la reforma constitucional propuesta para transformar el Poder Judicial no afecta a los trabajadores, sino que ataca principalmente la corrupción. Por otro lado, el Poder Judicial les paga —sí, les paga con el dinero de los mexicanos— para que supuestamente defiendan sus derechos laborales. Y con ese mismo dinero, el que el pueblo exigió que se usara para una reforma electoral, se financian a los opositores para que realicen manifestaciones y mantengan su protesta en contra de la voluntad mayoritaria del país. Es una huelga, un paro laboral en el que no dejan de cobrar la quincena, a pesar del lento proceso judicial de por sí.
Aunque están en “huelga” contra la voluntad de los mexicanos, quienes en junio pasado exigieron cambios en la impartición de justicia, seguirán recibiendo su salario hasta el 11 de octubre, ya que ese es el plazo que ha extendido la autoridad cómplice.
Por otro lado, el activismo de estos personajes se reflejó en la votación del jueves sobre una propuesta de la Suprema Corte de Justicia que fue aprobada para darle seguimiento. Esto implica revisar la reforma constitucional y, según su percepción, incluso podrían cancelarla.
Como respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Corte: “Es una reforma constitucional ya aprobada por los diputados, por los senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, es un hecho consumado”.
Aunque el Poder Judicial o cualquier organismo internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, opinen lo contrario, no habrá cambios, ya que la reforma está plasmada en la Constitución.
La carta que juegan los magistrados , representantes de los intereses de la oligarquía nacional e internacional, es provocar una crisis política que desestabilice al gobierno electo democráticamente. Acción, que por supuesto, no pasará.
Por lo tanto, sus acciones no son más que bravuconadas para seguir generando molestias, intentando provocar al gobierno para que reaccione. Sin embargo, el Estado no responde, porque tiene todas las herramientas a su disposición. Los diputados incluso podrían determinar un juicio político contra los magistrados.
Cabe recordar que, en 1968, a los jóvenes estudiantes que pedían libertad, la creación de nuevos partidos políticos y más democracia en el país, se les aplicó el delito de disolución social por traición a la patria. Lo que están haciendo estos magistrados podría considerarse una traición a la patria, pues va en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Se les podría imputar un delito similar, sin necesidad de llevarlos a la cárcel, o aplicarles la figura de disolución social, tal como se hizo con los estudiantes del ’68.
Aclaro que no conozco en profundidad este tema, pero, desde mi perspectiva, creo que deberían considerar una medida de este tipo. Los magistrados están molestando y, aunque saben que ya perdieron, siguen insistiendo en algo que carece de sentido porque ya es un hecho consumado. Señores, son derrotados, perdedores, y en todas las sociedades existen mayorías. Esas mayorías son las que deciden y deben ser respetadas.
En este caso, considero que la doctora Sheinbaum ha manejado la situación con mucha calma. Además, no olvidemos la campaña agresiva que se ha desatado en redes sociales en contra de la presidenta de la Corte. Recientemente, un cómico mediocre de Televisa, dedicado a programas para un público poco exigente y que participa en películas de bajo nivel, se atrevió a decir en una entrevista: “Hay un ama de casa en el Poder Ejecutivo”. La presidenta le respondió con claridad: “Hay una presidenta, hay un ama de casa, hay una científica, hay una abuela y hay una trabajadora”.
Con esta respuesta dejó callado a ese individuo. Así es el conservadurismo. A ese nivel llega la falta de argumentación que debería constituirse en una oposición inteligente, creativa y capaz de convencer a la sociedad de que su proyecto es el mejor. Pero con este tipo de acciones, simplemente se están echando tierra encima.
Rafael Inclán, por supuesto, no es ningún Tin Tan, ni Cantinflas. Es solo un cómico mediocre, de esos que se ven en el firmamento de oropel de Televisa.