Por: Misael Habana de los Santos
El caso de Juan Pablo Cortés Torres, juez que otorgó una suspensión de plano a Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, y que fue insaculado para participar en la elección de jueces y magistrados el próximo año, llama la atención sobre el proceso realizado el domingo en el Senado.
Casarrubias Salgado solicitó un amparo argumentando haber sido víctima de tortura psicológica, coacción verbal y amenazas, tanto hacia él como hacia sus familiares, por parte de las autoridades durante su detención, como uno de los presuntos responsables de los lamentables hechos de la noche de Iguala.
La suspensión que le fue otorgada por el juez Cortés Torres generó gran controversia, ya que muchos consideran que su liberación pone en riesgo la investigación sobre el caso Ayotzinapa, un expediente emblemático de violaciones a derechos humanos en México.
Sin embargo, la defensa de Casarrubias Salgado sostuvo que sus derechos habían sido vulnerados, lo que justificaba la suspensión.
Los opositores al proceso aseguran que entre las plazas de magistrados y jueces seleccionados por tómbola por el Senado para someterse a votación popular el próximo año se encuentran aquellos que emitieron fallos polémicos en contra de reformas y proyectos del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
También figuran aquellos que denunciaron haber recibido presiones por parte del entonces presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar. Estas presiones, según los togados, incluían llamadas telefónicas constantes, insinuaciones sobre posibles sanciones disciplinarias y la exclusión de ciertos beneficios o promociones dentro del Poder Judicial, en un intento por influir en sus decisiones judiciales.
Este tipo de decisiones judiciales generó tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno federal, intensificando el debate sobre la independencia de los jueces frente a las presiones políticas y mediáticas.
Más allá de las connotaciones que hacen defensores y opositores al proceso de selección popular de jueces y magistrados, el futuro laboral de quienes participaron en la tómbola plantea una encrucijada interesante. Con la posibilidad de que sus puestos sean sometidos a votación popular, algunos podrían optar por involucrarse en el proceso electoral, una decisión que los llevaría a exponerse a una dinámica completamente nueva, donde su labor judicial sería evaluada por la ciudadanía, en lugar de por sus pares. Esta opción representa tanto un reto como una oportunidad, ya que deberán ganar legitimidad en un espacio político polarizado.
Otra alternativa para estos funcionarios es optar por la jubilación o el retiro, especialmente para aquellos que consideren que el entorno político y las presiones externas ya no permiten una práctica judicial imparcial. El desgaste provocado por los conflictos con el poder político, sumado a los cuestionamientos sobre su integridad o independencia, puede llevar a algunos a retirarse del ámbito judicial, prefiriendo preservar su reputación antes de arriesgarse a una reelección fallida o a un desgaste público innecesario.
Estas alternativas reflejan el dilema en el que se encuentran: enfrentar los retos del escrutinio público en una carrera electoral o dejar atrás sus funciones judiciales en un contexto de creciente presión y “politización de la justicia”, la que cabe decir siempre ha estado politizada y al servicio del Estado, del dinero, la oligarquía, narcotraficantes y entregada a la corrupción y al “tanto tienes, tanto vales”