Acapulco, Gro., 26 de diciembre de 2024.-En entrevista para Al Tanto Guerrero,el profesor e investigador de la UAGro, Gabino Solano Solano, destacó que se están realizando estudios sobre el impacto de la violencia criminal en los procesos políticos, con especial énfasis en la violencia dirigida hacia actores de la clase política local.
Respecto al supuesto vínculo entre partidos políticos y grupos delincuenciales, Solano explicó que, aunque el estado debería ser la fuente de la legalidad, la realidad es que tanto la política como la sociedad transitan por márgenes de ilegalidad. Añadió que quienes se dedican a actividades criminales suelen tener conexiones con todos los sectores sociales, incluidos aquellos involucrados en la economía ilícita.
El académico señaló que una de las principales causas de este fenómeno es la fragilidad institucional en la construcción del estado y sus representaciones políticas. Aseguró que, aunque se ha avanzado en la democratización, ésta no ha logrado fortalecer adecuadamente las instituciones del estado, especialmente a nivel municipal.
En este contexto, explicó que lo que se observa es una «cohabitación» entre lo legal y lo ilegal, un proceso de interacción constante que ha perdurado desde 2008. Este fenómeno se intensifica durante los ciclos electorales, como lo demostró el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.
Sobre la relación entre violencia y política, Solano aseguró que no existe una clara frontera entre lo legal y lo ilegal. Esta dinámica se ha manifestado en todos los procesos electorales desde 2008, con excepción de 2021, cuando la pandemia del COVID-19 redujo los índices de violencia, aunque los niveles siguen siendo altos.
El profesor destacó que la clase política es la principal víctima de esta violencia, ya que, al estar involucrados en negocios directos, son los encargados de otorgar permisos para el funcionamiento de actividades formales. Además, señaló que las principales zonas urbanas de la entidad, y las ciudades con mayores índices de riqueza, son los epicentros de la economía criminal, fenómeno que también se observa en otros estados como Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
Solano comentó que esta «cohabitación» entre los actores políticos y los sectores del crimen organizado es una realidad reconocida por los actuales funcionarios de seguridad pública del gobierno estatal. En cuanto a la «Operación Enjambre», destacó que esta acción sigue siendo fundamental, ya que las autoridades están rastreando las conexiones y trabajando para identificar a los responsables de estos vínculos.
El investigador concluyó que la «Operación Enjambre» no solo es viable, sino urgente en Guerrero y, en particular, en Acapulco. Subrayó que, si bien la recuperación post-John y post-Otis es esencial, no será completa si no se atiende de manera inmediata el problema de la violencia e inseguridad. Para el profesor, es imprescindible abordar las claras señales de complicidad entre la clase política y el crimen organizado, un fenómeno que considera será una prioridad para el gobierno federal de Claudia Sheinbaum.