Texto: Jorge Nava
En un fallo trascendental para la búsqueda de justicia en Guerrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Ejército Mexicano la entrega inmediata de la totalidad de la información generada durante el año 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala.
La resolución judicial, derivada del juicio de amparo 1350/2023, responde a la demanda interpuesta por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes han denunciado durante años la opacidad de las fuerzas castrenses.
Las organizaciones civiles SERAPAZ, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh, que acompañan legalmente a las familias, destacaron que la sentencia reconoce formalmente la existencia de una brecha de aproximadamente 853 folios de inteligencia que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) había negado sistemáticamente.
El juzgado determinó que la discontinuidad detectada en los folios de los archivos militares no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio claro de que la información se encuentra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con el posicionamiento de los organismos de defensa de derechos humanos, esta información es considerada clave para entender el contexto criminal de Iguala y esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
El fallo judicial puntualiza que estos documentos no pueden clasificarse como información confidencial o secreta, dado que existe un interés público preponderante en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Las familias señalaron que este litigio pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado de buena fe y cumplido con el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el caso.
A más de once años de la desaparición de los normalistas, la resolución judicial representa un avance frente a lo que las organizaciones califican como una parálisis de los mecanismos institucionales y una falta de voluntad política del gobierno para confrontar la opacidad militar.
Las familias subrayaron que la indagatoria se mantuvo estancada debido a los tiempos políticos, por lo que han tenido que recurrir nuevamente a la justicia federal para superar los obstáculos interpuestos por la SEDENA.
Con esta orden, se espera que los folios militares faltantes contribuyan finalmente a conocer el paradero de los estudiantes y a romper el ciclo de impunidad que rodea al caso Ayotzinapa.
