Por: Misael Habana de los Santos
¿A quién le corresponde auditar los recursos federales? ¿A la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) o a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)? Esa es la cuestión. Todo indica que es competencia exclusiva del órgano federal.
De acuerdo con la respuesta del director jurídico de la ASF, Abel Heladio Ramírez Pineda, el Ayuntamiento de Acapulco está obligado únicamente con la instancia federal. Entregar información a la ASE “podría interferir en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de esta ASF”.
Una respuesta clara, que de haberse atendido a tiempo —y con la mínima prudencia política— habría evitado el ventaneo innecesario de la ropa sucia en Morena.
Hoy ese conflicto se expresa abiertamente en el enfrentamiento entre el senador Félix Salgado Macedonio —impedido por los estatutos de su partido, a iniciativa de la presidenta de la República, para ser candidato a gobernador en 2027— y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien también aspira al mismo cargo, respaldada por una estructura electoral que ha construido durante casi 40 años.
Ante lo que calificó como “hostigamiento y persecución” por parte de la ASE, la presidenta municipal solicitó la intervención de la ASF a través del oficio PM/100/2024, fechado el 20 de septiembre de 2024, en el cual pidió un pronunciamiento oficial sobre los requerimientos de información relacionados con recursos federales —Participaciones del Ramo 28 y Ramo General 33 (FAISMUN y FORTAMUNDF)— solicitados por la ASE.
La respuesta, copia en poder de Al Tanto Guerrero, firmada el 4 de octubre del año pasado por el maestro Abel Heladio Ramírez Pineda, director jurídico de la ASF, cierra el oficio número DGJ/A/5971/2024 con un contundente recordatorio: “la ASF cuenta con facultades para fiscalizar de manera directa el ejercicio de los recursos que reciba cualquier ente con cargo al Ramo General 28 (Participaciones Federales)”. Y remata, con tono ceremonioso: “Reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración”.
Ramírez Pineda precisa que las atribuciones conferidas a la ASF comprenden la fiscalización de la Cuenta Pública, de los recursos federales ejercidos por estados, municipios y particulares, así como de las participaciones federales, denuncias por hechos presuntamente irregulares y deuda pública.
No obstante, aclara que tales facultades no incluyen la de opinar sobre las atribuciones de otras autoridades locales respecto a la fiscalización de recursos federales.
“El Congreso de la Unión facultó exclusivamente a la ASF para auditar los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México”, reitera. Y lo hace citando artículos específicos que no dejan lugar a interpretación. “La ASF es la única autoridad que cuenta con facultades para fiscalizar directamente los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, toda vez que la Constitución, la Ley de Fiscalización y diversas leyes específicas le otorgan esa facultad expresamente. Las reformas no otorgaron atribuciones a las Entidades de Fiscalización Local (EFL) para revisar los recursos federales ejercidos por gobiernos locales”.
A la luz de estas consideraciones, el pronunciamiento es claro: si el municipio de Acapulco entrega información sobre recursos federales a la ASE, podría incurrir en actos violatorios de las disposiciones constitucionales y legales, y obstaculizar las funciones exclusivas de la ASF.
La conclusión de esta tragicomedia —preñada de ambiciones personales y disputas intestinas— se acerca. El desenlace será tan penoso como inevitable. Como ya lo anticipó, con tono de adiós, el director de toda esta trama, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, en un posteo reciente: el futuro es incierto. No solo para él. Para todos.
¿Y quién pagará los platos rotos y el daño moral a Morena? No será la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que no ha sido tocada por ninguna de las partes en pugna. El senador Salgado Macedonio tampoco: no es funcionario público, aunque sí el hombre fuerte.
Los dardos envenenados apuntan hacia el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, el Mtro. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, quien podría ser responsabilizado del desastre… y destituido.
Y lo que viene no es precisamente una reconciliación. Es la retirada. Y en política, cuando se hace con la frente marchita, ya se sabe: no es descanso, es derrota.
