Y bueno, ahora resulta que la ley también se audita a modo. Desde los pasillos tropicales de Chilpancingo, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero —esa noble institución que a veces sí ve, a veces no, según el clima y la nómina— insiste en meter su cucharota donde no le toca: en los recursos federales que llegan al Ayuntamiento de Acapulco.
Pero la ASF, que algo de seriedad todavía conserva, ya le pintó la raya con plumón indeleble y letra constitucional: “Es nuestra chamba, compas, no se metan”. Así, con el oficio AEGF/ST/153/2025 en mano, la federación recordó que los dineros federales los fiscaliza ella solita, por mandato directo de la Constitución. Nada de doble contabilidad ni dobles auditorías.
El aviso no es nuevo, pero esta vez vino con más filo. Le dijeron, en otras palabras, a la ASE y a su titular —cuyo nombre mejor no mencionamos porque luego dicen que uno calumnia— que si insisten en pedir información sobre esos recursos, podrían estar incurriendo en violaciones constitucionales. Sí, así como suena: delitos, responsabilidades administrativas, y quizá hasta algo más si un juez con insomnio se anima a leer la ley.
¿Entonces por qué lo hacen? ¿Ignorancia? ¿Protagonismo? ¿Una ayudita para quien quiere golpear políticamente a la presidenta municipal en plena guerra intestina de Morena?
Porque eso es lo que está en juego: no sólo el quién-fiscaliza-a-quién, sino el control político del discurso de la corrupción en Guerrero. Y aquí nadie es inocente. Ni la alcaldesa que se victimiza con más habilidad que administra, ni los auditores que creen que hacer ruido es igual a hacer justicia.
El fondo del asunto es peligroso: si la ASE insiste en exigir informes federales, se arriesga no sólo a que le ignoren el oficio, sino a que la propia ASF los denuncie por invasión de facultades. Y eso sí tiene consecuencias legales. No es lo mismo hacerse el tonto con el reglamento de tránsito que pasarse por el arco del Triunfo la Constitución.
Y ahí va otra: el famoso convenio de colaboración firmado en 2024 entre la ASF y la ASE —ese que se presume como licencia para husmear— no autoriza nada por cuenta propia. Dice clarito que solo pueden colaborar cuando se les pide y como se les indica. Es decir, no pueden jugar a Sherlock Holmes con lupa estatal en fondos federales.
Así que cuidado. Porque en esta telenovela tropical ya no se trata solo de “quién tiene la razón”, sino de quién va a terminar enredado en una bronca legal por pasarse de listo con la ley.
Y a ver si ahora que se habla de responsabilidades legales, a alguien se le ocurre auditar también a los auditores. Porque como dice el refrán guerrerense, quien revisa sin permiso, termina revisado.
Por:Misael Habana de los Santos