Acapulco, Gro. 13 de mayo de 2026.— El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Jesús Plácido Galindo, denunció que la violencia en la región de Chilapa y José Joaquín de Herrera continúa pese a los recientes recorridos de autoridades federales y estatales, al asegurar que el grupo criminal de “Los Ardillos” sigue operando con total impunidad.
En entrevista, el activista señaló que más de mil 345 personas fueron desplazadas de comunidades como Tula y Xicotlán, donde familias enteras abandonaron sus viviendas tras ataques armados, uso de drones explosivos y enfrentamientos.
“Eso no significa que ahí se acabó la violencia, porque sigue operando diariamente ‘Los Ardillos’ en Chilapa, José Joaquín Herrera y Hueycantenango”, afirmó.
Galindo criticó que las autoridades únicamente acudieron por unas horas a las comunidades afectadas y aseguró que no existe una estrategia real para garantizar la seguridad de los habitantes.
Indicó que muchas familias perdieron casas, parcelas, animales y pertenencias, además de que varias viviendas fueron incendiadas. También afirmó que algunas personas ya no desean regresar por el temor que dejó la violencia.
“Vivieron el terror de la metralla, de los drones y de los disparos en las casas y los cerros. Será muy difícil recuperar la confianza”, expresó.
El dirigente acusó además presunta protección institucional hacia el grupo criminal, señalando que las autoridades conocen a los líderes y zonas de operación, pero no actúan contra ellos.
“Ellos saben quiénes son, dónde viven y dónde operan, pero no los detienen”, sostuvo.
Recordó que desde 2019 la organización ha documentado desapariciones, asesinatos y ataques contra promotores comunitarios, transportistas y pobladores inocentes. Según dijo, al menos 75 personas han sido ejecutadas en los últimos años.
Asimismo, denunció abandono gubernamental y discriminación hacia las comunidades indígenas organizadas, asegurando que no reciben atención por no pertenecer políticamente a Morena.
Finalmente, anunció que integrantes de derechos humanos y promotores comunitarios realizarán recorridos en las zonas afectadas para documentar violaciones graves, daños materiales y posibles crímenes cometidos durante los ataques.