Misael Habana de los Santos
El conflicto entre grupos armados en la parte baja de la sierra de Chilpancingo y la Montaña Baja de Guerrero no ocurre en el aire ni en un territorio abstracto. Ocurre en una región perfectamente localizada, con comunidades indígenas históricamente abandonadas, donde la pobreza no es discurso: es geografía, es camino de terracería, es casa sin servicios, es miedo con hambre.
Guerrero sigue entre los estados más pobres del país: en 2024, 58.1 por ciento de su población vivía en pobreza y 21.3 por ciento en pobreza extrema; es decir, más de uno de cada cinco guerrerenses no tenía ingreso suficiente ni siquiera para adquirir la canasta alimentaria y acumulaba tres o más carencias sociales.
En municipios de esta franja del conflicto, el retrato es todavía más duro. Chilapa de Álvarez aparece desde hace años entre los municipios con mayor número de personas en pobreza en Guerrero; en 2015, CONEVAL estimaba más de 95 mil personas en esa condición, alrededor de ocho de cada diez habitantes. José Joaquín de Herrera, con cabecera en Hueycantenango, ha figurado entre los municipios con porcentajes más altos de pobreza y pobreza extrema; mediciones estatales lo ubican con rezago y marginación muy altos.
Por eso hay que decirlo con claridad: el problema es grave porque afecta a población civil, a comunidades indígenas y a familias que han vivido décadas fuera de cualquier desarrollo. Pero tampoco hay que inflarlo mediáticamente hasta convertirlo en pretexto para aventuras políticas o intervenciones extranjeras.
Ayer conversamos con Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ, y fue contundente: descartó cualquier llamado a una intervención del gobierno de Donald Trump. Dijo que esa opinión, difundida por algunos medios, corresponde a una ciudadana, pero no representa al movimiento. Y tiene razón en marcar la raya: este conflicto es responsabilidad del Estado mexicano. Del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales.
Si el Estado quisiera resolverlo, podría hacerlo. No con discursos, sino con inteligencia, investigación, presencia institucional y limpieza interna. Porque aquí está uno de los nudos: hay población civil atrapada entre dos fuegos; hay personas vinculadas a uno u otro grupo; y hay muchas otras que no tienen nada que ver, pero que pagan el precio de vivir en medio del territorio disputado por Ardillos y Tlacos.
Una entrada torpe del Ejército o de las corporaciones de seguridad podría encender una pequeña guerra. Y ese incendio sería aprovechado de inmediato por el conservadurismo, por los oportunistas de siempre y por los grillos que sueñan con convertir una tragedia regional en ariete contra el gobierno de la 4T.
Pero tampoco se puede seguir administrando el horror.
Hace falta una operación Enjambre en Guerrero: investigar y castigar a funcionarios municipales, estatales o federales que estén coludidos con grupos criminales. Porque este problema no nació ayer. Viene de lejos. Viene de los tiempos de Rubén Figueroa, de Acosta Chaparro, de Rogaciano Alba, de viejas complicidades, de pactos oscuros y de esa larga historia guerrerense donde muchas veces no se sabe dónde termina el poder público y dónde empieza el poder criminal.
Guerrero necesita que el Estado haga su propia limpieza. Que se deslinde de cualquier protección, omisión o complicidad. Que actúe sin dar armas políticas a la derecha, pero también sin abandonar a los pueblos.
Porque en esa región no sólo se enfrentan grupos armados. Se enfrentan treinta años de impunidad contra comunidades que han vivido demasiado tiempo con la pobreza en la mesa y la violencia tocando la puerta.