Texto: Jorge Nava
El Diario Oficial de la Federación publicó este 23 de marzo de 2026 el decreto que declara al Turismo Comunitario como de interés público y prioridad del Estado Mexicano.
Esta medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca transformar la actividad turística en una herramienta de justicia social, enfocada en la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida de las comunidades que poseen atractivos y ofrecen servicios.
La nueva normativa establece la creación de la Coordinación Nacional para el Fomento al Turismo Comunitario, la cual será presidida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Esta instancia tendrá la tarea de articular los esfuerzos de diversas dependencias como las secretarías de Bienestar, Cultura, Turismo y Medio Ambiente, junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria, para canalizar inversión pública, infraestructura, equipamiento y capacitación directamente a los núcleos agrarios y comunidades originarias.
Para el estado de Guerrero, este decreto representa un respaldo jurídico estratégico, ya que reconoce legalmente las modalidades de gestión que ya operan en sus regiones al definir al turismo comunitario como aquel gestionado por las propias comunidades donde sus integrantes participan de manera activa.
El documento oficial destaca que esta modalidad debe integrar de manera sustantiva la identidad cultural colectiva, la gastronomía tradicional, las fiestas, el patrimonio histórico y los modos de vida propios de cada región, elementos que abundan en la entidad guerrerense.
La implementación de esta política prioriza el desarrollo sustentable en municipios, localidades rurales, forestales y pesqueras, así como en comunidades indígenas, afromexicanas, ejidales y comunales.
Esto abre una oportunidad para fortalecer proyectos en zonas como la Montaña y la Costa Chica, garantizando que los beneficios económicos y sociales se distribuyan de manera equitativa para que las comunidades reciban una parte justa de los ingresos generados.
Además, se reafirma la capacidad de los pueblos para tomar la iniciativa en la planeación y gestión de su territorio, asegurando la preservación del patrimonio biocultural para las generaciones futuras.
