Acapulco, Gro., 19 de mayo de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos no ha atendido la solicitud de México para detener y extraditar a 269 personas. En 47 casos, las autoridades estadounidenses han pedido información adicional, como ocurre con el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero, investigado por el caso Ayotzinapa. En otros expedientes, Washington ha rechazado la petición de extradición, como sucede con el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y con un sujeto identificado como William “N”, acusado de trata de personas.
“Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, criticó esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Es decir, ¿qué pide siempre México? Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad”.
El Gobierno de México ha exhibido esta información justo cuando desde Washington se ha presionado para detener y extraditar al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La postura de la administración mexicana ha sido requerir más pruebas cómo lo ha hecho Estados Unidos en casos de alto perfil que investigan las autoridades en México. El Canciller Roberto Velasco Álvarez explicó este mañana que el fundamento legal para solicitar información adicional en procesos de extradición se encuentra en los artículos 11 y 12 del tratado bilateral, los cuales permiten a los gobiernos pedir pruebas y datos complementarios en cualquier fase del proceso.
Velasco Álvarez subrayó que esta práctica es recíproca y común entre ambos países, señalando que las autoridades estadounidenses suelen pedir información adicional de manera sistemática en casos de delitos complejos como corrupción o desaparición forzada. Para ilustrar la magnitud de esta práctica, el Canciller informó que de las 269 solicitudes de extradición realizadas por México a Estados Unidos desde 2018, en 47 de las 50 peticiones de detención provisional el gobierno estadounidense requirió datos adicionales. Mencionó ejemplos específicos, como los casos de Ayotzinapa y una trama de corrupción en Infonavit, en los que Washington ha solicitado mayores pruebas o peticiones formales.
Las acusaciones contra Cabeza
El caso más relevante dado a conocer esta mañana es el del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia desde el 2021 por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Cabeza de Vaca vive desde hace casi cinco años en Estados Unidos, en donde el Partido Acción Nacional (PAN) lo nombró representante ante América del Norte. El exmandatario incluso buscó ser candidato presidencial en 2024.
Desde 2021, cuando Cabeza de Vaca era Gobernador de Tamaulipas, fue solicitada la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero y ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El proceso se completó en la Cámara de Diputados, pero el Congreso local de mayoría panista se negó a homologar la medida protegiéndolo.
Desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
La UIF también detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios. También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión con respecto a la investigación de una presunta red de corrupción entre el mandatario y familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.
Álvarez Puga, el facturero
era reconocido por tener uno de los despachos de abogados más importantes del país y por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont. También era visto por las revistas sociales como un destacado empresario filántropo. Lo cierto es que todo era una fachada, como muchas de las empresas que lo llevaron a ser la cabeza del “grupo facturero más importante del país”. México solicitó su extradición al país, pero Estados Unidos “se negó por no ser delito violento” el que se le acusa.
Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, aún prófuga, fueron acusados en 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.
Gómez Mont, el rostro más visible de la pareja, se caracterizó por llevar una vida de lujo. En Estados Unidos, donde fue detenido Álvarez Puga por su estatus migratorio, Inés Gómez Mont adquirió una mansión que en el pasado perteneció a Cher y otra que era vecina de Donald Trump.
Víctor y Alejandro Álvarez Puga fundaron en 2000 el despacho Álvarez Puga & Asociados, que en una década reunió más de 700 clientes en el país. En 2010, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cateó oficinas del grupo en siete ciudades por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. La autoridad acusó al despacho de diseñar esquemas de outsourcing para evadir impuestos, reparto de utilidades, pagos al IMSS y otras prestaciones laborales, aunque en 2016 la SEIDO desestimó el caso.
Además de las acusaciones por evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos, Álvarez Puga participó en programas gubernamentales como la Cruzada Nacional contra el Hambre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y mantuvo una concesión vigente ante la Semarnat. En 2012, The New York Times reportó que una de sus compañías operaba como matriz de firmas fantasma. Más tarde, según El País, autoridades fiscales y la Fiscalía lograron judicializar el caso sólo después de la salida de funcionarios que presuntamente frenaban las investigaciones.
El caso también involucró a la conductora Inés Gómez Mont, quien fue señalada por discrepancias fiscales y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque intentó alcanzar acuerdos reparatorios con el SAT y aseguró haber pagado los adeudos reclamados, las autoridades consideraron insuficientes los montos cubiertos y mantuvieron las acciones penales. En 2021, Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de utilizar empresas fantasma para facilitar evasión fiscal y lavado de dinero, mientras que en 2022 se reveló que enfrentaban en Florida una demanda civil por un crédito hipotecario superior a cuatro millones de dólares, además de poseer propiedades millonarias en Miami y Palm Beach.
El juez del caso Ayotzinapa
Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero, es uno de los principales prófugos vinculados al caso Ayotzinapa. Su nombre aparece en el Tercer Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa debido a que tuvo contacto directo con un grupo de estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. En su casa, las autoridades estadounidenses se negaron a devolver a México bajo el argumento de que se requiere información adicional y pruebas en su proceso.
De acuerdo con las investigaciones, al menos 17 normalistas habrían sido trasladados por policías municipales a la comandancia de Iguala, donde Bernabé fungía como juez. Según testimonios y documentos integrados en las carpetas de investigación, el exfuncionario habría entrevistado a los jóvenes, pero omitió registrarlos en las bitácoras oficiales, lo que pudo haber ocultado información clave sobre su paradero.
La Comisión del caso sostiene que, minutos después, Bernabé habría entregado a los estudiantes al entonces subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco “N”, para que fueran trasladados y posteriormente entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Por estos hechos, la entonces Procuraduría General de la República obtuvo desde 2015 una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro.
durante los días de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en los que integrantes de Guerreros Unidos hablaban de “paquetes” y de “deshacerse” de ellos.
Las autoridades mexicanas y los familiares de las víctimas consideran que Vega Cuevas podría tener información clave sobre el llamado “quinto autobús”, presuntamente utilizado para transportar droga hacia Chicago, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer que haya colaborado para esclarecer el caso. Ante el pedido de México, Washington requirió que se hiciera una solicitud formal de su extradición.
El fraude a Infonavit
para regresar alrededor de 2 mil millones de pesos como reparación del daño. La controversia llegó incluso a las conferencias matutinas del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el entonces Fiscal Alejandro Gertz Manero exhibió públicamente un cheque relacionado con el caso.
Rafael Zaga Tawil permaneció prófugo de la justicia mexicana durante varios años hasta que fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en Florida, debido a irregularidades en su situación migratoria. Aunque su arresto fue realizado por el ICE y no directamente por las acusaciones en México, la FGR mantiene vigente la orden de captura en su contra por el presunto fraude al Infonavit. Su hijo, Elías Zaga Hanono, continúa señalado dentro de la misma investigación judicial por su presunta participación en la estructura financiera vinculada al caso.
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