Acapulco, Gro., 21 de mayo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que instruye al sistema financiero estadounidense a reforzar la vigilancia sobre operaciones vinculadas con personas indocumentadas, aunque sin establecer una revisión obligatoria y generalizada del estatus migratorio de los clientes bancarios.
La orden ejecutiva señala que las transferencias internacionales de bajo monto pueden ser utilizadas para actividades ilícitas como financiamiento al terrorismo, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Por ello, el gobierno federal pidió a bancos y entidades financieras prestar atención a prácticas consideradas de riesgo, entre ellas evasión fiscal, ocultamiento de beneficiarios reales de cuentas, uso de empresas fantasma y manejo irregular de números de identificación fiscal.
El documento también instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a presentar en un plazo de 60 días una alerta formal sobre los riesgos financieros asociados a operaciones con personas sujetas a procesos de deportación.
Además, el decreto advierte sobre posibles riesgos crediticios relacionados con la entrega de hipotecas, préstamos automotrices y tarjetas de crédito a personas consideradas inadmisibles bajo las leyes migratorias estadounidenses. El mandatario argumentó que fortalecer la identificación de clientes es una medida de seguridad nacional para evitar que organizaciones criminales, incluidos cárteles mexicanos y redes internacionales de lavado de dinero, aprovechen vacíos en el sistema financiero.
Pese a las nuevas disposiciones, la orden no contempla restricciones para el envío de remesas. Organizaciones del sector bancario destacaron que la administración federal tomó en cuenta opiniones de la industria antes de emitir el decreto, luego de versiones difundidas a inicios de año sobre un posible control migratorio universal en las instituciones financieras.
Por otro lado, el más reciente informe del Instituto para la Economía y la Paz reveló que el impacto económico de la violencia en Guerrero durante 2025 representó el 33.8 por ciento de su Producto Interno Bruto estatal, el porcentaje más alto registrado entre las entidades del país.
El estudio detalla que el costo económico de la violencia en Guerrero alcanzó los 139 mil 900 millones de pesos, equivalentes a 37 mil 762 pesos por habitante. Aunque la cifra continúa siendo elevada, representa una disminución de 19.4 por ciento respecto a 2015.
El instituto explicó que sus cálculos consideran gastos directos en salud, seguridad y justicia, así como pérdidas económicas derivadas de la violencia, incluyendo reducción de ingresos, afectaciones psicológicas y oportunidades económicas desaprovechadas.
El reporte ubica a Guerrero como el séptimo estado con mayor tasa de homicidios dolosos en 2025 y destaca que mantiene uno de los niveles de ingreso per cápita más bajos del país. Sin embargo, el Índice de Paz México 2026 mostró una mejoría para la entidad al registrar una calificación de 3.097, superior a la obtenida en años anteriores desde 2015.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que Guerrero cerró el año pasado con una tasa de 29.69 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En Acapulco se contabilizaron 485 homicidios, lo que representó una tasa de 73.5 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que Chilpancingo registró 98 asesinatos y una tasa de 40.9.
A nivel nacional, el Instituto para la Economía y la Paz estimó que el impacto económico de la violencia en México alcanzó los cuatro billones de pesos, equivalentes al 11 por ciento del PIB nacional. El organismo reportó además una reducción de 11.4 por ciento en los costos asociados a la violencia y una disminución de 22.7 por ciento en homicidios, lo que representó cerca de siete mil muertes menos en comparación con el periodo previo.