Acapulco, Gro., 18 de mayo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no enfrenta ningún riesgo político o legal tras la entrega voluntaria en Estados Unidos de dos ex funcionarios ligados al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina de este 18 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, la mandataria afirmó que la decisión de comparecer ante autoridades estadounidenses fue tomada de manera personal por ambos ex servidores públicos, por lo que descartó cualquier afectación para su administración.
Los funcionarios entregados son Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes son investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Sheinbaum reiteró que no existe preocupación dentro de su gobierno respecto a posibles declaraciones que puedan realizar los ex funcionarios ante autoridades estadounidenses. Asimismo, rechazó la posibilidad de que Morena pueda ser señalado en Estados Unidos como una organización terrorista por presuntos nexos con grupos criminales.
En otro tema, la presidenta confirmó que enviará una iniciativa para aplazar la elección del Poder Judicial prevista para 2027 y moverla al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como local. Explicó que la propuesta busca evitar complicaciones logísticas por la coincidencia con otros procesos electorales.
Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, Sheinbaum sostuvo que el presidente Donald Trump nunca le ha señalado directamente que México esté gobernado por el crimen organizado, pese a declaraciones públicas realizadas por el mandatario republicano.
La titular del Ejecutivo también defendió la estrategia de seguridad federal y destacó que durante su administración se han detenido más de 72 objetivos prioritarios vinculados a grupos criminales, además de más de 50 mil personas relacionadas con delitos de alto impacto.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que las operaciones dentro del territorio nacional seguirán estando exclusivamente a cargo de las instituciones mexicanas.