Acapulco, Gro., 20 de mayo de 2026.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este miércoles la iniciativa presidencial para modificar la reforma judicial, que plantea aplazar de 2027 a 2028 la elección del Poder Judicial y establece modificaciones al proceso de selección de candidatos, la boleta electoral y la posibilidad de que la jornada pueda coincidir con la revocación de mandato en caso de realizarse al mismo tiempo.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, informó sobre la llegada de la iniciativa mediante una publicación en redes sociales, en la que escribió: “Recibimos en el Senado la iniciativa presidencial de reforma constitucional sobre la elección del Poder Judicial. Una propuesta pensada para facilitar la participación ciudadana y seguir fortaleciendo nuestra democracia y al Poder Judicial”.
En el video que acompañó su mensaje se observa a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, en la entrega del documento a la Permanente, acto en el que estuvieron presentes Mier, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, y Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
Durante la entrega de la iniciativa, la secretaria de Gobernación afirmó que el cambio de fecha de la elección judicial busca atender los desafíos logísticos señalados por el INE y garantizar calendarios homogéneos en todo el país. Añadió que la propuesta mejora la operación de los Comités de Evaluación y reduce el número de candidaturas para simplificar la boleta y facilitar el voto ciudadano.
Rodríguez destacó que la iniciativa establece reglas claras de organización territorial y obliga al INE a crear Distritos Electorales Judiciales para una identificación precisa de candidaturas. Señaló que también se crean secciones en la Suprema Corte para agilizar su trabajo y que la reforma es “una conquista democrática” impulsada por una ciudadanía que demanda un Poder Judicial más justo y transparente.
La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado el 18 de mayo que enviaría esta iniciativa al Congreso. Señaló que la propuesta deriva del análisis encargado a la consejera jurídica. “Me sugirió que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27 y que además hay que hacer algunos ajustes“, dijo en conferencia.
Explicó que, de realizarse la elección judicial en 2027, los votantes tendrían que acudir a dos casillas distintas para elegir cargos locales y federales, así como los del Poder Judicial. “Estamos haciendo la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección al 2028“, declaró.
La iniciativa establece que la elección judicial se realizará el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. Las elecciones posteriores volverán a ser concurrentes con los procesos ordinarios para cubrir las vacantes que se generen.
En los comicios de 2028 se renovarán cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. En los poderes judiciales locales se elegirán 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados.
Otro de los cambios propuestos es la creación de una comisión coordinadora encargada de homologar la metodología y los criterios de evaluación aplicados por los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según la consejera jurídica, “los comités van a evaluar conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de sus aspirantes, como ya lo hacían antes, y van a seleccionar a cuatro personas, las mejor evaluadas por comité”. Posteriormente se realizará una insaculación pública para definir dos candidaturas por cargo y especialidad, observando la paridad de género. Luisa Alcalde explicó que “finalmente resultan dos candidatas o candidatos por cargo y especialidad, observando siempre la paridad de género”.
La reducción en el número de aspirantes implica que, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el total pase de 81 a 54; en el Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 63 a 42.
La iniciativa también incluye ajustes a la boleta electoral con el fin de simplificar el proceso. Cada elector votará por un juez y un magistrado para cada especialidad entre las candidaturas propuestas por los tres poderes. Las boletas distinguirán las candidaturas presentadas por cada poder y permitirán la participación de magistrados y jueces en funciones que busquen reelegirse. El Instituto Nacional Electoral dividirá el territorio en los distritos judiciales necesarios para garantizar este derecho.
La propuesta incorpora la capacitación permanente obligatoria para todas las personas juzgadoras. El Tribunal de Disciplina Judicial, junto con la Escuela Judicial, deberá implementar programas de actualización continua. La ley definirá los criterios, metodologías y plazos aplicables para asegurar procesos transparentes.
En cuanto a los poderes judiciales locales, se plantean lineamientos para que las elecciones estatales repliquen las reglas federales. Estas deberán contemplar comités de evaluación con metodologías unificadas, insaculación obligatoria de candidaturas, reducción de candidaturas en las boletas, evaluación del desempeño durante el primer año y capacitación permanente por parte del Tribunal de Disciplina local.
La iniciativa también prevé que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan llevarse a cabo en la misma ubicación, garantizando que los representantes de partidos no intervengan.
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