Por: Misael Habana de los Santos
Hay días en que el malecón de la política mexicana parece verse desde el risco de La Quebrada: un segundo de vértigo y luego el clavado.
Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso un dique al oleaje que amenazaba con hundir a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Los ministros Javier Láynez y Yasmín Esquivel concedieron suspensiones “por tiempo indefinido” que frenan, de un plumazo, tanto el proceso de revocación iniciado en el Congreso de Guerrero como las sanciones derivadas de la auditoría estatal que le exige comprobar el destino de 898 millones de pesos.
¿Qué decidió la Corte… y qué no decidió?
Un blindaje exprés. Mientras la controversia constitucional se discute —y eso puede tardar meses, porque la nueva integración del pleno empieza en septiembre—, ni la ASE ni el Tribunal de Justicia Administrativa pueden ejecutar castigos contra funcionarios del ayuntamiento.
Es también una pausa a la guillotina política echada a caminar desde el Senado o desde alguna oficina de Chilpancingo. El Congreso local podrá seguir recopilando papel y sudor en la Comisión Instructora, pero no podrá bajar la cabeza de la edil al cadalso de la revocación.
Hay un de cancha. Cualquier impugnación llegará a una Corte recién estrenada, con un ministro presidente nuevo y la agenda llena. Traducido: Abelina compró tiempo… acaso el recurso más caro en la política de Guerrero.
Y el pleito de fondo: ASF vs. ASE, ¿quién manda en la bolsa federal?
Desde mayo, la alcaldesa repite una letanía: “los recursos federales sólo los revisa la ASF”. Y no es capricho: la propia Auditoría Superior de la Federación le respondió que, tras la reforma al artículo 79, las Entidades Fiscalizadoras Locales fueron despojadas de esa facultad.
La ASE, por su parte, alega convenios de colaboración y presume que el Sistema Nacional Anticorrupción la arropa para meter mano. ¿De cuándo acá la ASE ha estado preocupado por la corrupción en el gobierno? La ASE es la misma corrupción.
Con la suspensión, la Corte prende el semáforo amarillo: no declara inocente a Abelina, pero sí pone en pausa la ofensiva de un auditor estatal que, políticamente, juega del lado del senador Félix Salgado Macedonio—enemigo íntimo de la presidenta municipal y precandidato natural para 2027.
La determinación de la SCJN es respiración boca a boca para Abelina.
Estando Morena en modo guerra civil. El fallo fortalece a la alcaldesa frente a la facción salgadista que busca dejarla fuera de la boleta. Félix se queda sin la artillería de la ASE y sin la narrativa de “la corrupta desaforada”.
Jacko el cazador de tiburones y en modo diputado actuando como fiscal al rincón. El diputado Joaquín “Jacko” Badillo, vocero de la ASE y autoproclamado paladín del “combate a la opacidad”, queda temporalmente mudo. Su discurso de estricta rendición de cuentas se estrella contra la muralla constitucional que él mismo ignoró. Y todo se mueve rumbo al 2027. Con Abelina viva y coleando, la interna morenista se reequilibra: la popularidad tropical de la alcaldesa —alimentada por memes, declaraciones estridentes y su fama de “pueblo–pueblo”— vuelve a ser una variable que no pueden eliminar de la ecuación.
¿Quién audita al auditor?
La lección es sencilla y brutal: cuando las auditorías se vuelven proyectiles electorales, la justicia termina usando casco. No es la primera vez que municipios de Guerrero, Oaxaca o Veracruz empujan al máximo tribunal a intervenir para recordar que la fiscalización no puede ser garrote partidista.
En Acapulco —donde los huracanes reales conviven con los políticos— la Corte acaba de demostrar que aún cuenta la voz de los contrapesos. Falta saber si, cuando el pleno de la SCJN retome el expediente, encontrará pruebas de desfalco o confirmará que la ASE sobrepasó la raya constitucional.
Después de este fracaso el auditor tendría que abandonar el lugar donde lo colocó el senador Salgado Macedonio y otro tendrá que ocupar el espacio para sortear los últimos dos años del gobierno de la 4T de Guerrero.
Y después Abelina tendrá que seguir explicando cada peso gastado, pero lo hará sin la espada de Damocles rozándole el copete. Y mientras los auditores de la ASE lamen sus heridas jurídicas, el ciudadano de a pie seguirá esquivando baches y esperando que los 898 millones se reflejen —algún día— en calles pavimentadas y luminarias encendidas.
En esta trama, la justicia frenó una embestida, no la rendición de cuentas. El reloj corre: a la edil le quedan dos años para transformar el amparo en obra pública visible; a la oposición, dos años para cambiar de estrategia; y a los contribuyentes, dos años para no olvidar que, tarde o temprano, la marea baja y deja ver qué tanto se drenó el puerto.
Y que cada quien prepare su propio salvavidas: la tormenta apenas amaina.