Por: Misael Habana de los Santos
Coyuca de Benítez, Guerrero, 28 de junio de 1995.
A las siete de la mañana, el sol ya rompía sobre la sierra baja de la Costa Grande. Un convoy de camionetas partía desde Atoyac rumbo a Coyuca. En la batea de una de ellas, 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) iban de pie, con las gorras puestas y la esperanza mal envuelta en lonas y peticiones: exigían justicia, fertilizantes, libertad para presos políticos y un alto al hostigamiento militar en sus comunidades.
Nunca llegaron a la plaza de Atoyac donde realizarían un mitin de protesta por la desaparición de un miembro de la OCSS. Fueron emboscados en el vado de Aguas Blancas, en un tramo lodoso y estrecho de la carretera estatal. Ahí, los esperaban más de 40 efectivos de la policías del estado, armados hasta los dientes, bajo órdenes de sus mandos que obedecían indicaciones del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. En menos de cinco minutos, la tierra se llenó de gritos, disparos y cuerpos.
Pero el operativo no fue solo terrestre. Sobre el vado, ese mismo día, sobrevoló un helicóptero del gobierno estatal.
Campesinos sobrevivientes y periodistas locales coinciden en que la nave sobrevoló el área minutos antes y después de la masacre. Según versiones que nunca han sido desmentidas oficialmente, en ese helicóptero viajaban Rubén Robles Catalán, entonces secretario general de Gobierno, y Carlos Carrillo, director de comunicación social del gobierno del estado.
Y sobre el terreno, se ha señalado como presunto coordinador del operativo al general Mario Arturo Acosta Chaparro, veterano de la Guerra Sucia, formado en la lógica contrainsurgente y vinculado desde los años setenta a desapariciones forzadas. De confirmarse su participación, Aguas Blancas no fue un error: fue una operación militarizada para aplastar la organización campesina.
Horas después, el gobierno estatal intentó imponer su versión: que los campesinos estaban armados, que hubo un enfrentamiento, que los policías se defendieron. Pero la evidencia grabada por un camarógrafo oficial —y filtrada por algún periodista o algún militar incómodo— desnudó la mentira.
El video mostró la ejecución. Y México, por primera vez en mucho tiempo, vio la cara del autoritarismo sin maquillaje.
La presión creció. Organismos de derechos humanos, la prensa internacional, incluso miembros del propio PRI —con Salinas recién ido y Zedillo tambaleando— exigieron cuentas. Figueroa resistió un mes más. Pero el 12 de agosto de 1995 pidió licencia. Cayó. Fue la primera gran renuncia por presión social de un gobernador en décadas.
Dos ministros de la SCJN concluyeron que los responsables de la matanza y de “las violaciones graves a las garantías individuales de los gobernados “fueron Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia; José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de gobierno; Antonio Alcocer Salazar,ex procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex c director de la policía judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex c Fiscal Especial y Esteban Mendoza, ex director de gobernación.
A pesar de la renuncia del gobernador, la justicia no llegó. Nadie fue juzgado por la masacre. Ni los mandos, ni los tiradores, ni los autores intelectuales. A Figueroa lo mandaron a descansar, pero su equipo siguió operando.
Rubén Robles Catalán, el funcionario más alto presente ese día en la zona del crimen, fue asesinado el 6 de julio de 2005 en el barrio de La Quebrada, en Acapulco. Tres civiles armados lo ejecutaron de manera directa. Su homicidio nunca fue esclarecido, pero su fantasma sigue ligado al expediente de Aguas Blancas.
Mario Arturo Acosta Chaparro fue detenido años después por presuntos vínculos con el narcotráfico, liberado por tecnicismos judiciales y asesinado en 2012 en la Ciudad de México. Nunca fue llamado a declarar por la masacre del 95.
Como tantas veces en Guerrero, el Estado mató… y luego se absolvió.
Herencia de plomo
Treinta años después, Aguas Blancas sigue siendo una herida. Ahí, junto al vado, se levanta un memorial discreto. Cada año, los sobrevivientes y familiares regresan a sembrar memoria entre la tierra y el lodo. No es casual que de ahí saliera, años después, el nombre de líderes sociales como Rocío Mesino o el propio Marco Antonio Suástegui, perseguidos también por denunciar los abusos del poder.
Un año después de la matanza, 28 de junio 1996, un grupo armado denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió en el lugar en el momento en que se realizaba la ceremonia de aniversario.
Aguas Blancas fue un parteaguas. Allí se rompió la fachada del PRI como administrador eficaz del orden y se mostró su rostro de régimen de sangre.
Fue también el principio del fin de una época, la antesala de una nueva lucha por los derechos humanos en México.
En Guerrero, el tiempo avanza, pero las balas no caducan. Aguas Blancas no fue solo una matanza: fue un mensaje político, una advertencia, una ejecución colectiva del derecho a organizarse.
Y aunque el país ha cambiado de siglas, de presidentes y de discursos, la lógica del exterminio político sigue vigente. Basta ver Ayotzinapa. Basta mirar al pasado… y luego al presente.
Aguas Blancas nos sigue preguntando:¿Cuánta sangre necesita el poder para sentirse fuerte?¿Y cuánta memoria necesita el pueblo para no volver a arrodillarse?