El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, se pronunció sobre la crisis que atraviesa la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los señalamientos de supuestos vínculos con actividades ilícitas.
En declaraciones telefónicas, el priista exigió el fin de lo que calificó como una política de protección y solapamiento hacia personajes que, bajo el manto del servicio público, han sido vinculados con irregularidades graves.
Para Bravo Abarca, los señalamientos contra el mandatario sinaloense no pueden considerarse un simple golpe político o un ataque orquestado contra el gobierno de la Cuarta Transformación.
El dirigente argumentó que la situación en Sinaloa se distingue por un historial de violencia electoral y hechos concretos, como el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024 y la “agresiva” intervención durante la campaña política, donde se reportaron secuestros de operadores priistas y ataques directos contra figuras de su partido.
Al comparar la situación con otros casos polémicos en el país, el priista subrayó que en Sinaloa existe una investigación en curso y una petición formal ante la Fiscalía, por lo que desestimó que se trate de una persecución injustificada, exhortando a que, si se han violado las leyes, se asuman las consecuencias penales correspondientes.
Este pronunciamiento ocurre en un escenario diplomático cada vez más complejo, donde el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una postura de creciente hostilidad hacia la administración mexicana en diversos frentes.
La narrativa mediática y política sugiere que las presiones del Departamento de Justicia y las agencias estadounidenses sobre figuras de alto nivel en México, como el caso de Sinaloa, no operan en un vacío legal, sino que forman parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump.
Bajo este esquema, Washington ha intensificado su retórica intervencionista, utilizando la lucha contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza como herramientas de control geopolítico.
Analistas y sectores críticos advierten que la presión ejercida desde el norte no solo responde a una agenda de justicia, sino a un afán de expansión y sometimiento económico, característico de la política exterior estadounidense actual.
En este contexto, los señalamientos contra gobernadores y funcionarios mexicanos son interpretados por diversos sectores como un instrumento de presión para forzar alineamientos en políticas comerciales, migratorias y de soberanía energética, debilitando la estructura política interna del país.
Mientras la oposición interna busca capitalizar estos señalamientos para debilitar a Morena, el gobierno mexicano enfrenta el desafío de gestionar la crisis sin ceder ante lo que muchos observan como una ofensiva de Washington para subordinar las prioridades nacionales bajo la narrativa de la cooperación de seguridad.
Bravo Abarca enfatizó que el PRI mantiene la postura de que cualquier funcionario, sin importar su filiación partidista, debe responder por sus acciones.
Contrario a la idea de que los ataques contra la administración estatal sinaloense sean un intento de desestabilización externa, el dirigente priista insistió en que el problema radica en la falta de contrapesos internos y en una presunta complicidad que, a su juicio, debe ser sancionada por las instituciones mexicanas antes de que el terreno sea cedido por completo a la injerencia extranjera.