La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, aunque sabía que la reforma electoral no alcanzaría los votos necesarios en la Cámara de Diputados, insistió en llevarla a votación para dejar en evidencia a quienes —dijo— prefieren defender privilegios antes que apoyar cambios en favor del pueblo.
La propuesta buscaba reducir gastos y privilegios en partidos políticos y en el Instituto Nacional Electoral, además de fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, al no obtener la mayoría calificada, el gobierno federal planteó avanzar con un “Plan B” para seguir disminuyendo el uso excesivo de recursos públicos.
El Plan B
De acuerdo con la presidenta, las acciones se enfocarán en tres puntos principales:
- Reducir privilegios en los Congresos locales.
- Disminuir gastos y privilegios en los municipios.
- Fortalecer mecanismos de consulta popular para que el pueblo participe más en las decisiones.
Ejemplo: el gasto de los congresos estatales
Durante la presentación, se mostró una tabla comparativa del presupuesto de los poderes legislativos en los estados.
En el caso de Guerrero, la información indica:
- Población: 3,540,685 habitantes
- Diputados locales: 46
- Presupuesto del Congreso estatal 2026: 823,560,000 pesos
- Costo por legislador: 21,455,125 pesos
La presidenta señaló que estos montos reflejan el alto costo que representa mantener estructuras legislativas con privilegios, recursos que —dijo— podrían destinarse a obras públicas o programas sociales.
Exceso de regidores en municipios
También puso como ejemplo a Acapulco de Juárez, donde el cabildo cuenta con 20 regidores, una cifra que la presidenta calificó como excesiva.
Según la tabla presentada, al menos 12 municipios del país tienen 20 o más regidores, entre ellos:
- Monterrey (28)
- Puebla (23)
- Altamira (21)
- Ciudad Madero (21)
- Matamoros (21)
- Nuevo Laredo (21)
- Reynosa (21)
- Tampico (21)
- Victoria (21)
- Chihuahua (20)
- Juárez (20)
- Hermosillo (20)
- Acapulco de Juárez (20)
La mandataria sostuvo que estos cargos representan un gasto elevado para los ayuntamientos, y que reducirlos permitiría liberar recursos para infraestructura, servicios públicos y obras que beneficien directamente a la población.
“Ese dinero puede ir a obras públicas; hay municipios con demasiados regidores”, afirmó.