Acapulco, Gro., 11 de septiembre de 2025.- En conferencia de prensa virtual, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunció hoy una victoria legal sin precedentes: la comunidad indígena náhuatl de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, ganó una sentencia de amparo que obliga al gobierno del estado a proveer maestros y mejorar la infraestructura de su escuela secundaria, un derecho que se les había negado por décadas.
Este caso sienta un precedente crucial para las comunidades marginadas de Guerrero y marca el inicio de una nueva era de exigencia de derechos educativos a través de las vías legales.
El amparo, interpuesto por el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 229 Roberto Mejía Guzmán, pone en evidencia la crisis educativa que vive la región de la Montaña.
Aunque las autoridades estatales han prometido inversiones en educación, la realidad es que las comunidades, como Petlacala, han tenido que suplir la falta de apoyo gubernamental con sus propios recursos y esfuerzos.
La historia de la secundaria Técnica es un claro ejemplo del abandono histórico que sufren las comunidades indígenas.
Fundada en 1997, la primera generación de alumnos tomó clases en la Comisaría Municipal, la segunda en las oficinas de Bienes Comunales y la tercera en una tienda de Conasupo. Ante la inacción de las autoridades, los propios habitantes de Petlacala han financiado y construido sus aulas.
En 2001, tras cooperar mil pesos por persona, levantaron las dos primeras aulas. En 2006, una nueva cooperación permitió la construcción de dos aulas más, que sirven también como bodega, biblioteca y comedor. Incluso en 2013, cuando el Presidente Municipal de Tlapa solo se comprometió con un salón, la comunidad se organizó y mezcló sus recursos con los del ayuntamiento para construir dos aulas más.
Sin embargo, el tiempo ha hecho estragos en estas construcciones rústicas. El primer edificio, levantado en 2001, está en ruinas y representa un peligro constante para estudiantes y maestros debido a fisuras, filtraciones y desprendimientos de concreto.
A pesar de los oficios enviados al Secretario de Educación y al Director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) en 2023, en los que se detallaban las urgentes necesidades de la escuela —desde la construcción de aulas y la falta de profesores hasta la carencia de computadoras, internet y uniformes— no hubo respuesta.
La victoria de San Pedro Petlacala no es un caso aislado. Es parte de una serie de siete amparos ganados por comunidades indígenas en la región de la Montaña y Costa Chica, todos buscando el mismo objetivo: obligar al estado a cumplir con su responsabilidad constitucional de proporcionar educación.
Los otros casos que han culminado en sentencias judiciales favorables incluyen:
▪ Villa de Guadalupe, Metlatonoc: El Juzgado Décimo de Distrito concedió un amparo en agosto de 2024, ordenando a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) la asignación permanente de dos profesores para la Escuela Primaria Ñuu Cuahan.
▪ Llano de Tepehuaje, Metlatonoc: En junio de 2024, el Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo para que la SEG designe a profesores de forma permanente en el Centro de Educación Preescolar Indígena Yozo Tuni.
▪ Almolonga de Ocampo, Alcozauca: En octubre de 2024, el Juzgado Décimo de Distrito concedió una suspensión provisional, exigiendo a la SEG el envío urgente de dos profesores al preescolar de la comunidad.
▪ Loma Bonita, Metlatonoc: Una sentencia de mayo de 2025 obligó a la SEG a asignar dos profesores permanentes a la escuela primaria. Este caso es especialmente relevante, ya que la gobernadora del estado interpuso un recurso de revisión contra la sentencia, argumentando que no tiene la obligación de garantizar la seguridad de los niños, a pesar de que la SEG ya había cumplido con la asignación de maestros.
▪ Los Reyes Magos, Metlatonoc: Un amparo concedido en abril de 2025 por el Juzgado Primero de Distrito ordenó a la SEG asignar permanentemente a un maestro o maestra al preescolar de la comunidad.
▪ Mixtecapa, San Luis Acatlán: En marzo de 2025, el Juzgado Cuarto de Distrito concedió una suspensión definitiva que resultó en la asignación provisional de dos maestros a la escuela primaria.
▪ El Carmen, Xochistlahuaca: Una suspensión provisional de agosto de 2025, concedida por el Juzgado Octavo de Distrito, exige a la SEG asignar provisionalmente profesores de inglés, tecnología y personal de psicología y prefectura a la Escuela Secundaria Técnica de la comunidad.
El abogado Baldomero Díaz Salazar del Centro Tlachinollan, afirmó que «este amparo es relevante porque al menos aquí en Guerrero es el primero de su clase».
La sentencia del Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, emitida el 28 de agosto de 2025, es contundente. La jueza determinó que existe una “violación al principio de progresividad” y al “interés superior de la niñez”, y que el Estado ha incumplido su obligación de garantizar una educación de calidad. El fallo recalca que la infraestructura no es un lujo, sino un derecho fundamental.
La resolución obliga a la Gobernadora del Estado, a la Secretaría de Educación y al IGIFE a elaborar un plan integral de cumplimiento en un plazo de 30 días hábiles. Este plan debe incluir:
▪ Un diagnóstico técnico del plantel.
▪ Un calendario de obras para la construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, y la dotación de mobiliario y un centro de cómputo.
▪ La asignación inmediata y permanente de profesores para las asignaturas de Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética, y Educación Física.
Los padres de familia de la secundaria de Petlacala exhortaron a las autoridades a acatar la sentencia para garantizar plenamente el acceso a la educación de los estudiantes náhuatl.
Ahora, la atención se centra en el cumplimiento de la sentencia y en el efecto dominó que podría tener en otras comunidades que enfrentan las mismas carencias.