Acapulco,.Gro., 11 de mayo de 2026. Durante la presentación del informe sobre desapariciones en México, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, destacó que el documento reconoce la disposición del Estado mexicano a colaborar con la entrega de información, así como a permitir la supervisión y evaluación de organismos internacionales.
“Para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”, mencionó Pochak.
De esta manera, se destacaron los avances tanto institucionales como legales en la atención de casos de desaparición, entre ellos la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el impulso renovado a la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y el fortalecimiento de mecanismos especializados para la localización de personas.
CIDH apoya atención a las causas
Asimismo, la organización internacional destacó como positiva la política de atención a las causas implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su mandato.
En este sentido, la CIDH señala que ahora se priorizan factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y la educación deficiente como elementos directamente vinculados a la criminalidad. Del mismo modo, el informe identifica que el rezago en áreas críticas como vivienda, salud y cultura constituye una condición estructural que favorece el entorno donde ocurren las desapariciones.
El documento subraya que estos esfuerzos por transformar las condiciones sociales deben ir acompañados del fortalecimiento institucional y la lucha contra la impunidad para ser efectivos.
La impunidad, “un problema infranqueable”
Pese a reconocer las acciones del Gobierno frente a la problemática, la CIDH identifica la impunidad como un «problema infranqueable» para la efectividad de las instituciones, lo cual se refleja en la casi nula judicialización de los casos y el bajo número de sentencias emitidas en comparación con la magnitud de la crisis.
Aunque se reconocen esfuerzos recientes, como la judicialización de aproximadamente veinte casos en el último año, el organismo considera que estos siguen siendo insuficientes. Además, se señala que las familias de las víctimas deben enfrentar un «calvario institucional» a través de procesos burocráticos, engorrosos y revictimizantes que vulneran su dignidad y el acceso a la justicia.
Otro de los desafíos fundamentales es la sobrecarga procesal, la cual impide que se realicen investigaciones diligentes y propicia errores u omisiones por parte de las autoridades. El informe también denuncia prácticas de opacidad por parte de agentes ministeriales, quienes en ocasiones limitan el acceso a los expedientes o retienen hallazgos por temor a incurrir en responsabilidades administrativas.
Información: Sin EMBARGO MX