Misael Habana de los Santos
Con motivo de la visita al país de la conservadora presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien participó en diversas reuniones con sectores del conservadurismo mexicano reivindicando la conquista española de Tenochtitlán y a sus protagonistas, volvió a abrirse una vieja herida histórica que algunos en la derecha pretenden maquillar con discursos de “civilización”, hispanidad romántica y nostalgia imperial.
Motivada por este activismo impúdico y nauseabundo de la ultraderecha española —que todavía sueña con banderas imperiales mientras olvida los ríos de sangre sobre los que se levantó la conquista—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:
“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”.
Y después de una lectura cuidadosa de esas cuatro páginas apretadas del Consejo Real de Indias, queda claro algo que incomoda profundamente a quienes quieren convertir a Hernán Cortés en estatua moral de la derecha contemporánea: fue la propia Corona española la que terminó reconociendo oficialmente muchos de los crímenes cometidos durante la conquista.
En lenguaje moderno, esos documentos muestran que desde mediados del siglo XVI la Corona reconoció que miles de indígenas habían sido esclavizados ilegalmente y ordenó su liberación.
Las llamadas Nuevas Leyes de Indias de 1542 prohibieron explícitamente esclavizar indígenas “por ninguna causa”, ni siquiera bajo argumentos de guerra, rebelión o castigo. La Corona estableció que los pueblos originarios debían ser considerados vasallos de Castilla y no mercancía humana.
Pero además, los documentos revelan algo todavía más brutal: el propio Hernán Cortés, Marqués del Valle, fue acusado formalmente en un juicio de residencia por asesinatos, saqueos y esclavización masiva de pueblos indígenas.
Entre los principales cargos aparecen: La ejecución de cientos de indígenas en Tepeaca.El marcaje con hierro de miles de mujeres, niños y sobrevivientes indígenas convertidos en esclavos. La esclavización de indígenas en regiones como Acapulco y Tezcoco.
El saqueo de pueblos que ya se habían rendido pacíficamente.
La conversión en esclavos de más de quinientas personas en las campañas de Cuernavaca y Oaxtepec. Las matanzas y esclavización en Cholula.
El Consejo de Indias concluyó que aquellas esclavizaciones habían sido ilegales y contrarias a las Leyes de Indias, por lo que ordenó liberar a todos los indígenas sobrevivientes y también a sus descendientes.
La orden exigía además que las autoridades protegieran a los indígenas liberados y castigaran a cualquiera que intentara volver a esclavizarlos. Incluso se mandó pregonar públicamente la disposición en plazas y mercados para evitar que alguien alegara ignorancia.
Y aquí aparece la enorme contradicción histórica del imperio español: mientras la conquista se edificó mediante violencia, despojo, exterminio y esclavitud, años después la propia Corona intentó poner límites legales a los abusos que sus conquistadores habían cometido en nombre de Dios, del Rey y de la codicia.
Por eso resulta grotesco ver a ciertos sectores conservadores mexicanos y españoles intentando reivindicar hoy a Cortés como héroe civilizador.
Porque los documentos históricos —los de verdad, no los panfletos ideológicos— muestran otra cosa: muestran sangre, esclavitud, pueblos arrasados y seres humanos marcados con hierro como ganado.
Y aun así, quinientos años después, hay quienes todavía quieren vender aquello como una epopeya gloriosa.