Por: Misael Habana de los Santos
Cuando salgo de Acapulco, la gente que me conoce me sigue haciendo las mismas preguntas desde hace unos 20 años:
“¿Sigue igual Acapulco? Me da mucho miedo ir. ¿Siguen las balaceras? ¿Siguen descuartizando gente?”. Mi respuesta es: la violencia está principalmente dirigida entre grupos que se disputan el control por medio de las armas. Las personas trabajadoras y honestas siguen haciendo su vida diaria, aunque en ocasiones hay víctimas colaterales.
Los muertos diarios no son algo nuevo, pero la cobertura mediática aumenta debido a la naturaleza macabra de los hechos.
No me refiero solo a la violencia cotidiana, que también es reprobable, sino a la violencia irracional e inhumana que está motivada por el dinero. Esta violencia, que parece no tener fin, ha ido en aumento en Guerrero, reflejando las dinámicas del crimen organizado.
Es una violencia con su propia lógica. El fenómeno tiene raíces económicas, sociales y políticas que han evolucionado con el tiempo. No es la violencia aislada que antes ocupaba las páginas de la sección roja de los periódicos. Ahora, la violencia protagoniza las portadas, aparece en la sección política y se convierte en tema editorial.
En Acapulco, y en algunas otras partes del estado, existe un tejido social deteriorado e infiltrado por la delincuencia. La cultura del turismo, ligada al entretenimiento, las drogas y la frivolidad, ha facilitado esta descomposición social.
Esta espiral de violencia parece incontrolable, y si no se frena pronto, seguirá afectando a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a la clase media y a los pobres del estado.
Hasta ahora, las políticas gubernamentales no han sido efectivas, ni en el gobierno actual ni en los anteriores. Incluso, algunos gobiernos anteriores promovieron, directa o indirectamente, este clima de inseguridad, como se puede observar en la literatura sobre narcotráfico en Guerrero.
La violencia no es un fenómeno reciente; sus raíces probablemente se remontan a los años setenta, cuando la guerrilla y la inconformidad social marcaron la historia del estado. La disolución de los movimientos guerrilleros también pudo haber contribuido a la creación de este contexto de violencia constante.
¿Qué ha fallado? Los distintos gobiernos, tanto del PRI, PRD como Morena en Guerrero, no han logrado frenar este fenómeno. La violencia responde a intereses económicos profundos que buscan lucrar con la inseguridad. Para algunos, la violencia se ha convertido en un negocio lucrativo, una forma de vida. No es solo una cuestión de sobrevivir, sino de ganar dinero mediante actividades ilegales como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
No se puede culpar únicamente a los gobiernos de un color político por la situación actual. Es necesario examinar las raíces del problema y enfrentarlo sin politizarlo. Ha habido autoridades que han tolerado o incluso permitido que esta situación se agrave. No es posible combatir el crimen cuando las propias autoridades están involucradas o, al menos, lo toleran. Es imprescindible acabar con la hipocresía de los cuerpos de seguridad y los gobiernos que, por un lado, dicen combatir la delincuencia mientras, por otro, participan en ella.
Recientemente, hemos visto evidencias en videos que muestran la complicidad entre autoridades municipales, estatales y federales con el crimen organizado. Mandos y efectivos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales han sido señalados de participar en este lucrativo negocio de la violencia.
La pregunta que queda es: ¿por qué, a pesar de los altos niveles de violencia, los gobernantes siguen bien calificados ante la opinión pública? La percepción de la ciudadanía sobre los gobiernos no parece estar determinada únicamente por la violencia relacionada con el crimen organizado. Variables como los programas sociales y las preferencias ideológicas también influyen en la evaluación de los líderes.
Lo que presenciamos en Guerrero, especialmente en Acapulco, es una violencia impulsada por intereses económicos, políticos y de control territorial. El crimen organizado usa la violencia como una herramienta para proteger o expandir sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas, y para eliminar a sus competidores o enemigos. Esta violencia no está dirigida hacia los ciudadanos comunes o los turistas, aunque su presencia genera miedo.
Los crímenes relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas son los que aumentan las cifras y colocan a Guerrero en los primeros lugares entre los estados más violentos del país. Sin embargo, esta no es una violencia común y espontánea, sino una violencia organizada y estratégica que busca dominar territorios y economías ilegales.
Mientras que la delincuencia común tiene un impacto más limitado y está relacionada con eventos aislados, la violencia del crimen organizado tiene efectos desestabilizadores mucho mayores. Puede provocar desplazamientos forzados, afectar la economía local, generar desconfianza en las instituciones y fomentar la corrupción dentro de las estructuras de poder.
En resumen, la violencia común tiende a ser espontánea, individual y localizada, mientras que la violencia del crimen organizado es sistemática y estratégica, generando un impacto mucho mayor en la estructura social y política del estado. Ambos tipos de violencia son responsabilidad del gobierno, pero para combatir la violencia del crimen organizado es necesario un enfoque diferente, que reconozca sus raíces y complejidad.