Acapulco, Gro., 4 de mayo de 2026.- Luisa María Alcalde, actual Consejera Jurídica del Gobierno federal, señaló que las autoridades de Estados Unidos no demostraron la urgencia necesaria para solicitar la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la funcionaria explicó que lo recibido por parte de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no fue una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, subrayó que dicho recurso debe estar respaldado por pruebas que justifiquen su carácter urgente, como el riesgo de fuga o de interferencia en el proceso judicial.
En ese sentido, detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República, instancia que concluyó que no se presentaron elementos suficientes para acreditar dicha urgencia. Por ello, la petición fue considerada carente de sustento legal.
Alcalde precisó que, en caso de que la solicitud hubiera estado debidamente fundamentada, se habría procedido a la detención provisional, lo que abriría un plazo de hasta 60 días para que Estados Unidos presentara formalmente la solicitud de extradición.
Asimismo, la consejera jurídica indicó que en este caso también se vulneró la confidencialidad del proceso, al no respetarse lo establecido en el Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta omisión, afirmó, derivó en un “linchamiento mediático” contra las diez personas mencionadas en el expediente.