Por: Jorge Nava
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió por unanimidad declarar infundados los agravios presentados por la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en Guerrero, Ana Lilia Botello Figueroa, quien denunció formalmente a los exintegrantes del Comité, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, por la presunta negativa a devolver dos camionetas propiedad del partido.
La resolución, correspondiente al expediente CNHJ-GRO-067/2023, determinó que la parte acusadora no aportó los documentos necesarios para demostrar fehacientemente que los denunciados fueran los resguardantes legales de las unidades al momento de la fiscalización realizada por el Instituto Nacional Electoral en diciembre de 2022.
El conflicto legal inició el pasado 13 de abril cuando la dirigencia estatal recurrió a la instancia partidista para reclamar la entrega de dos vehículos marca Nissan NP300. Según el alegato de la Secretaría de Finanzas, Sandoval Ballesteros, en su calidad de expresidente, y Chávez Hernández, como exsecretaria de Derechos Humanos, mantenían en su poder vehículos con un valor comercial de 268 mil 200 pesos y 353 mil 400 pesos respectivamente.
La dirigencia actual acusó a ambos militantes de transgredir los principios estatutarios de no robar, no mentir y no traicionar debido a la omisión en la entrega de estos bienes que forman parte del patrimonio del partido en la entidad.
En lo que respecta a la situación de Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, la exsecretaria sostuvo públicamente el 14 de marzo que mantenía una de las camionetas bajo su resguardo deliberadamente.
Su postura oficial fue esperar a que el Tribunal Electoral del Estado resolviera una impugnación que ella misma promovió contra el proceso interno de septiembre de 2022, donde se eligió a la actual dirigencia.
A pesar de haber aceptado el resguardo de la unidad ante medios de comunicación, la exfuncionaria partidista no dio contestación al recurso de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ignorando la notificación que se le realizó mediante estrados el pasado 11 de mayo.
Por su parte, el diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rechazó las acusaciones argumentando que durante su gestión solo se contaba con dos vehículos y que estos fueron entregados a la Secretaría de Finanzas al concluir su periodo.
Sandoval objetó las pruebas presentadas por el Comité Estatal, señalando que el acta de entrega-recepción utilizada como evidencia no individualizaba correctamente los vehículos ni detallaba sus características, lo cual impedía acreditar que él tuviera la posesión de una unidad específica. Ante la falta de contratos o documentos donde los denunciados expresaran su voluntad de mantener el resguardo, los comisionados determinaron que no había elementos para sancionarlos.
La resolución firmada por la presidenta Donají Alba Arroyo y el resto de los integrantes de la Comisión también reveló que el desorden administrativo en Guerrero es mayor, ya que existen otros dos vehículos perdidos bajo circunstancias distintas. El expediente menciona los casos del expresidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, y de Bulmaro Muñiz Olmedo, quienes reportaron que las camionetas que les habían sido asignadas originalmente les fueron robadas.
Con este fallo, la autoridad interna de Morena cerraron el capítulo administrativo sobre las unidades reclamadas a Chávez Hernández y Sandoval Ballesteros, dejando sin efecto las acusaciones de faltas éticas por este concepto.