Acapulco, Gro., 26 de diciembre de 2025. En un caso que desnuda la persistencia de las prácticas de abuso de poder y el uso discrecional de las fuerzas armadas en México, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación por un año de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero.
A pesar de la gravedad de los hechos acreditados, que incluyen el despliegue de tropas para un asunto privado y denuncias de violencia de género, las autoridades judiciales han optado por proteger la identidad del juzgador omitiendo su nombre en el reporte oficial.
La investigación reveló que el juez transformó un conflicto de compraventa de un vehículo en un operativo estatal.
Utilizando una unidad blindada oficial y acompañado por escoltas armados, el juez se presentó en un domicilio particular para exigir el pago de una deuda a familiares de un miembro de la Marina.
Ante la resistencia de los civiles, el funcionario escaló la intimidación mediante una llamada telefónica que derivó en la llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y efectivos de la Policía del Estado, quienes rodearon el sitio sin contar con una orden judicial, convirtiendo una disputa civil en un despliegue de fuerza pública al servicio de un interés particular.
Esta conducta se suma a una serie de faltas graves dentro de su entorno laboral, donde se confirmaron actos de acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral hacia otros colaboradores.
La resolución judicial expone una estructura de mando donde el cargo se utiliza como una herramienta de coerción tanto externa como interna, reforzando la percepción de una justicia selectiva donde los altos funcionarios pueden movilizar convoyes militares para resolver trámites personales mientras el ciudadano común permanece desprotegido.
Resulta especialmente alarmante la política de anonimato que prevalece en esta sanción. Al no revelar el nombre del juez destituido temporalmente, el sistema judicial permite que un agresor y abusador de recursos públicos evite el escrutinio social, facilitando su eventual retorno al servicio público tras apenas doce meses de pausa.
Esta falta de transparencia se alinea con las críticas históricas hacia el Poder Judicial sobre la existencia de castas que gozan de privilegios procesales, incluso cuando se demuestra el uso indebido de recursos estratégicos del Estado como la Guardia Nacional.
Aunque el presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, defendió la integridad de la institución al emitir la sanción, el caso deja un precedente inquietante sobre la facilidad con la que un solo funcionario puede disponer de los cuerpos de seguridad nacional para fines ajenos al bien público.
La inhabilitación por un solo año aparece, ante la opinión pública, como una respuesta mínima frente a un esquema de impunidad que sigue permitiendo que el poder en México se ejerza bajo la sombra de la opacidad y la fuerza de las armas.