Por: Misael Habana de los Santos
Hay una narrativa que se repite como mantra en columnas nacionales: que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, tiene responsabilidad directa en la desaparición de dos marinos comisionados como escoltas del senador José Narro Céspedes. Se dice que los perdió, que los entregó, que los mandó al matadero. Pero como en todo lo que ocurre en Guerrero, la verdad es más turbia que la consigna.
No existe constancia documental alguna, firmada por la presidenta municipal, que autorice que los marinos desaparecidos acompañaran al senador José Narro. Lo que se sabe hasta ahora es que el propio senador aseguró —según fuentes oficiales— haber solicitado ese apoyo al Ayuntamiento de Acapulco. Pero ni hay papeles, ni hay pruebas de que esa solicitud haya sido respondida de forma legal o institucional.
Y si los marinos se movieron bajo esa supuesta petición, no fue por orden directa de la alcaldesa, sino por decisión operativa del entonces secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez, un mando castrense colocado en el cargo por la propia Secretaría de Marina. Él tenía a su cargo a los marinos, y él ejecutó su traslado a la Ciudad de México. Hoy, Maximiliano está detenido por esa decisión. Y quien tendría que explicar ante la Fiscalía General de la República bajo qué instrucción o acuerdo se realizó ese movimiento, es él. O el senador.
Uno de los marinos desaparecidos era Victoriano Rodríguez Zurita, quien había estado destacado en Puerto Peñasco, Sonora, y en octubre de 2021 fue reasignado a Acapulco como parte del esquema federal de pacificación. Desde ahí fue comisionado, junto con otro marino, para acompañar al senador José Narro. Ni su compañero, ni las armas, ni la camioneta oficial con la que se trasladaron han aparecido hasta hoy.
Un hombre que se identificó como secretario de Seguridad del puerto —presuntamente el propio Serrano Pérez— contactó a los familiares para pedirles que viajaran a Acapulco a levantar una denuncia por desaparición. La familia desconfió de la llamada, aunque el capitán parecía sincero: les dijo que se sentía responsable del destino de sus hombres. Ante la incertidumbre, la familia decidió interponer el reporte de desaparición en Ciudad de México, último lugar donde hubo contacto con los marinos.
Tuvo que pasar más de un mes y medio y la interposición de un amparo judicial para que los parientes de Rodríguez Zurita obtuvieran información oficial: su familiar había sido asignado como escolta del senador Narro Céspedes, de Morena.
Después se filtró un informe que el propio Maximiliano Serrano Pérez presentó ante la Secretaría de Marina, donde aseguró que la presidenta municipal Abelina López le había solicitado —vía telefónica— que enviara dos escoltas armados a Narro para acompañarlo a un acto partidista en Ciudad de México. López Rodríguez lo negó públicamente. Poco después de la filtración, Serrano presentó su renuncia al cargo.
Se sabe que los escoltas sí se presentaron con el senador. Pero nadie ha podido decir qué ocurrió después. Según la versión del propio Narro, la última vez que los vio fue en un restaurante de Coyoacán. Nada más.
Porque los marinos no eran suyos. No eran policías municipales, ni empleados del ayuntamiento, ni escoltas de confianza del cabildo. Eran elementos de la Secretaría de Marina, adscritos en calidad de comisionados al área de seguridad pública local como parte del esquema federal de “pacificación”.
Y aquí viene lo que nadie quiere decir en voz alta: Maximiliano Serrano no era un civil, ni un cuadro político local. Era un operador castrense, colocado ahí por la Marina. Su función no era responder al proyecto municipal, sino mantener el control militar de la plaza desde dentro del gobierno local. Como tantos otros municipios en México, la seguridad de Acapulco no estaba en manos civiles: era un cuartel con disfraz de ayuntamiento. Fuentes cercanas a Al Tanto Guerrero afirman que el joven capitán acapulqueño es propietario de empresas constructoras a las que vinculaba con distintos ayuntamientos para conseguir contratos de obra.
Cuando Serrano ejecutó la orden de enviar a los marinos, lo hizo con pleno conocimiento de sus superiores militares, quienes sabían perfectamente a quiénes estaban moviendo, para quién, y con qué riesgos. No eran novatos. Y si estaban acompañando al senador Narro junto a “El Gerry”, presunto operador del Cártel del Golfo, no fue por accidente de logística ni por capricho del cabildo.
Entonces, ¿por qué se insiste en colocar el foco exclusivamente en Abelina? Porque es más cómodo culpar a una figura civil —y sobre todo a una mujer visible— que tocar las fibras oscuras de la relación entre fuerzas armadas, políticos de Morena y estructuras criminales que se cruzan como venas bajo tierra.
La verdad incómoda es que los marinos desaparecieron dentro de un sistema de lealtades rotas, donde los mandos de Marina jugaron en la sombra, el senador mintió públicamente, y el gobierno federal se desentendió como si el caso fuera parte del paisaje.
¿Abelina tiene responsabilidad? A lo sumo, administrativa, si se comprobara que su firma aparece en alguna orden. Pero hasta ahora, los documentos no existen. Y el aparato que ejecutó esa operación, que seleccionó a los elementos, que los trasladó, que los perdió y que hoy calla, está en otra esfera del poder: la que viste de verde olivo y responde a otro código de silencio.
Y como suele pasar en este país: cuando el uniforme se impone sobre la ley, los desaparecidos no encuentran justicia. Sólo simulación.